Ante los graves pendientes que pudiera dejar la administración capitalina saliente en materia de salarios y aguinaldos a la clase trabajadora, el alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, afirmó que esto no tendría porque complicar la llegada de su gobierno aunque sí algunas acciones.

En entrevista, puntualizó que la actual administración tiene que responderle a la ciudadanía hasta el 31 de diciembre de este año y sus acciones buenas o malas tendrán que ser reconocidas o sancionadas, siendo a partir del 1 de enero, cuando se dé la primera sesión oficial de Cabildo, que todo lo que hagan será su responsabilidad.

Sostuvo que desde hace varios años se ha registrado la práctica de pagar una mitad del aguinaldo en diciembre y la otra mitad en el mes de enero, en la quincena, como una forma de ayudar a los trabajadores a que no tengan todo el recurso en la mano y dispongan de él; sin embargo, afirmó que existen acuerdos firmados con los sindicatos que establecen que la administración tendría que pagarles el aguinaldo completo en diciembre.

Lo anterior, al refirir que el ayuntamiento cuenta con dicho recurso ya presupuestado desde inicios de años, por lo cual la disyuntiva en este caso es si los recursos ingresaron o no, y si ingresaron y se desviaron por qué lo hicieron, explicación que debe dar la administración actual.

Si bien la cabeza de la administración pública municipal es el alcalde Antonio Villalobos Adán, dijo que no solo es su responsabilidad, ya que existe un cuerpo colegiado, que es el Cabildo, y un gabinete, quienes tienen el deber de generar acciones para que el municipio cumpla con sus obligaciones.

“Obviamente si no hay recursos deben buscar la manera de conseguirlos para cumplir sus obligaciones. Lo peor que puede suceder es que a nuestra administración le carguen obligaciones que deberían de haberse cubierto en esta saliente”.

Urióstegui Salgado explicó que la comuna capitalina cuenta con dos formas de ingresos, una por ingresos propios que están relacionados al pago del predial, servicios municipales, pago de derechos, licencias de construcción, entre otras, que equivalen al 40 por ciento del ingreso global y lo otro son participaciones federales, que mes a mes van llegando y se están etiquetando.

Ante ello, reconoció que la administración debe procurar una recaudación adecuada, que a su parecer no se pudo concretar por la falta de esfuerzos necesarios para invitar a la población a cumplir parcialmente con sus obligaciones.

Finalmente, advirtió que será la Contraloría quien determine si hubo omisiones que fueron previsibles, generando así responsabilidades a la administración saliente.