Para el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Emanuel Orozco Núñez, la cercanía de la jornada electoral y el inicio del proceso en todas sus fases ponen en una situación delicada la atención de la pandemia por Covid-19 y la posibilidad de que los recursos para su mitigación sean desviados para otros fines como la compra de utilitarios partidistas.
Al igual que con el sismo ocurrido en septiembre de 2017, Morelos podrían correr con la misma suerte si los recursos no son debidamente fiscalizados y vigilados, no solo por los entes encargados sino por la ciudadanía que debe tener mayor participación a la hora de hacer señalamientos.
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“No es la primera vez que Morelos atraviesa por una desgracia en un proceso electoral, ya nos ha tocado que el uso de recursos para atender la reconstrucción del sismo de 2017 acabaron en mochilas, gorras, despensas sólo por mencionar algunos, en esta ocasión el riesgo es igual o mayor porque antes no había Covid-19”.
El riesgo se incrementa aún más con la realización de mítines y reuniones en los que la población puede o no acatar las medidas sanitarias.
“Uno de los puntos es que siempre se ha dicho que el recurso financiero que se asigna a partidos políticos es exorbitante, ese no es ningún secreto que son negocios familiares o cotos de poder que se manejan en Morelos son claramente identificables; la cantidad de recursos fiscales en este momento ni siquiera deberían dárselos, sino plantear un esquema distinto con otras prioridades”, abundó Orozco.
La salud y la recuperación económica deben ponderarse, indicó, además de implementar programas de combate a la pobreza como es la entrega de despensas sin que estas estén supeditadas al voto.
“Ese dinero no se justifica para nada, nosotros tendríamos como sociedad desconfiar de cualquier grupo que empiece a moverse y convocar con fines electorales; la condena por parte de la gente debe ser más enérgica tan sólo basta recordar como el gobernador actual colocó hospitales inflables únicamente para propaganda personal gastando alrededor de 11 millones de pesos para eso”.
La conciencia social debe acentuarse más aun con la decisión que deberá de tomar el primer domingo de junio de 2021 “aquella persona que fue menos negligente con la situación, de lo contrario será un círculo vicioso; sino condenamos los excesos no los señalamos entonces ninguno va a renunciar a esos fondos, se van a reír si les decimos que ellos deben renunciar”.