La madrugada del jueves, 57 personas que habían tomado la caseta de cobro de Alpuyeca salieron libres del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, pero sus amigos y familiares que se manifestaron para que fueran liberados en octubre de 2020, siguen bajo proceso por resistencia de particulares y secuestro, puntualizó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea.
“El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones en el juicio oral en donde intervienen 57 personas privadas de su libertad en relación a la toma de casetas, personas que fueron acusadas, en un inicio, de secuestro en su modalidad exprés, y por el delito de asociación delictuosa”.
En el juicio se les dictó una sanción de 2 años de prisión y al haber quedado compurgada en el mes de octubre de 2022, se les dictó su liberación, la cual fue consumada durante la madrugada.
Explicó que existe un grupo de 35 personas aún privadas de la libertad a quienes se les imputó el delito de residencia de particulares y por secuestrar a elementos de seguridad tras haber tomando las instalaciones de la Unidad Antisecuestros (UECS), de la avenida Plan de Ayala con el fin de que los toma casetas fueran liberados lo cual no se logró y también quedaron detenidos.
“Los menores detenidos están su juicio en proceso, entiendo que aún no se ha desahogado el juicio y estarán esperando su proceso. En el caso de los otros la Fiscalía no pudo acreditar el delito de secuestro exprés, no aportó elementos suficientes y se dictó solo por asociación delictuosa”.
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