Jubilados y pensionados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), interpondrán un juicio de amparo en contra de la controversia constitucional que promovió el organismo descentralizado por los decretos aprobados por el Poder Legislativo, ya que desde hace cuatro meses han padecido problemas de salud ante la falta de sus pensiones y no les alcanza el dinero.
De acuerdo con su asesor jurídico, Juan Juárez, la decisión de optar por los amparos fue tomada ante la omisión en la que incurrió tanto Sapac como el Ayuntamiento capitalino en el cumplimiento de los decretos y ante la existencia de una controversia, la cual ha sido desechada sin otorgarles la suspensión; aseguró que esto es un indicativo de que deben pagarles:
Informó que los amparos serán firmados por los ex trabajadores que así lo desean y señaló que esto es parte de su lucha social, que se expresa con la salida a las calles para manifestarse o dentro de los Tribunales, al ejercer y pedir sus derechos conforme a lo establecido en la ley; “si a Sapac no le pagan el agua, se la cortan; aquí no pagan y no pasa nada. Los trabajadores necesitan llevar el sustento a su casa”. Espera que durante esta misma semana sean notificadas las autoridades.
A su vez, Juana Uribe Rodríguez expresó que su esposo trabajó en el organismo por 30 años y hace 14 años se jubiló; el hecho de no contar con su pensión de tres mil 600 pesos al mes les afecta, puesto que el señor se la pasa enfermo. Comentó que la semana pasada se quedaron sin comer y hasta el momento ningún funcionario municipal les ha solucionado la problemática.
Para Elías Ponce Apolinar, trabajador de Sapac por 26 años, la falta de su pensión le ha provocado problemas familiares, en especial por no llevar el subsidio a su hogar; “tenemos que conseguir dinero prestado con familiares y amistades para solventar el gasto de la comida y los servicios. Ya estoy desesperado, porque mi hijo de nueve años va a entrar a la escuela y no tengo para útiles, zapatos y uniformes”, comentó.
Los afectados argumentaron que es un alivio que no tengan que pagar por su represente legal. Subrayaron que las ineficientes son las autoridades tanto del municipio como del Gobierno del Estado, ya que el secretario del Trabajo Estatal los dejó plantados y no los ha recibido hasta el momento.
Lo único que desean, aclararon, es una audiencia para obtener un convenio de pago con Cuauhtémoc Blanco Bravo; refirieron que la han buscado en diversas ocasiones, pero solamente recibieron excusas de que el edil no se encuentra. Asimismo, la directora del Sapac, María Luisa López Sotelo, se ha negado a recibirlos.
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