La Iglesia Católica, de manera universal, siempre va a procurar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por lo que no está de acuerdo con la iniciativa que promueven legisladores de diferentes grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados respecto a reformar la Ley General de la Salud en materia de muerte digna y sin dolor.
El vicario general de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, señaló: “Nosotros defendemos el evangelio de la vida, y aunque las leyes positivas pueden decir muchas cosas hoy, es decir, se esfuerzan las cámaras, los diputados, la corte, etcétera, la Iglesia defiende el evangelio de la vida, y por supuesto no estarán de acuerdo en eso que llaman muerte asistida”.
Al ser cuestionado si defenderían esta postura a pesar que el enfermo solicite la aplicación de la eutanasia y sólo en casos particulares, el vicario refirió que tampoco lo apoyarán, puesto que, como feligreses, antes de solicitar una muerte asistida, deben de cuestionarse porqué están sufriendo ese dolor.
“El cristiano sabe que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida, y no es una cuestión sobre si sufro, qué me pongan la inyección o me den la muerte asistida, el cristiano sabe que algo le espera después de la muerte, el sufrimiento lo unimos al sacrificio de cristo en la cruz, en su pasión; cualquier creyente sabe que su sufrimiento no es un sufrimiento solo porque sí, sino que es un sufrimiento que va a la vida eterna y lo sabe ofrecer cuando sabe ser cristiano”, explicó el vicario.
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La reforma de la Ley General de la Salud, la cual fue expuesta el pasado 11 de octubre de 2023 en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, plantea otorgar el derecho a las personas que decidan sobre el término de su vida en sí mismos, de una manera feliz y tranquila, siempre y cuando padezcan de una enfermedad terminal.
La iniciativa fue presentada por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, perteneciente a la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y presidente de la Comisión de Salud; Reyes Carmona expuso que hay condiciones para legislar en esta materia, sin embargo, primero se debe aprobar la ley sobre objeción de conciencia, por lo que la Secretaría de Salud tendría que definirlo en sus reglas de operación y tiene que haber un registro de quiénes son objetores y quiénes no.
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