La diputada local Andrea Gordillo Vega denunció que el Fondo Verde, administrado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) con alrededor de ocho millones de pesos, carece de representatividad y participación de ambientalistas y especialistas que representen a la ciudadanía, por lo que se vio en la necesidad de presentar una iniciativa de modificación a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
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En la pasada sesión ordinaria recesada el 12 de octubre, la legisladora presentó dicha iniciativa de decreto por el cual se adicionan a la reforma el artículo 188 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, por lo que ante el pleno señaló que es momento de impulsar la participación ciudadana más allá de un nivel consultivo en una acción gubernamental.
Señaló que ambientalistas acudieron a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para denunciar que los recursos económicos recaudados por el pago de verificaciones, hasta el momento no han sido reintegrados en acciones de cuidado del medio ambiente en beneficio de la sociedad.
Gordillo Vega refirió que, de cada vehículo verificado, 10 pesos se destinarán a este programa estatal aprobado por el Congreso local; sin embargo, en sus reglas de operación no contempla la participación o representación ciudadana a través de ambientalistas y/o especialistas en la materia.
El Fondo Verde es administrado por la SDS a través de un Comité Ejecutivo, pero no cuenta con especialistas que representen a los ciudadanos y tomen una decisión correcta de dónde serán canalizados los recursos económicos, abundó.
Este programa se conforma por las multas recaudadas por el cobro de infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de Equilibrio Ecológico y por las verificaciones vehiculares, alcanzando una suma de ocho millones de pesos, los cuales, añadió la legisladora panista podrían ser destinados semestralmente al cuidado de algún bosque, barranca o calles.
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Finalmente, Gordillo Vega llamó a modificar esta normatividad para que sea obligatoria la participación ciudadana en el Comité Ejecutivo, y que en su caso pudieran integrarse al mismo algún especialista o un biólogo.
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