Bastaron cuatro horas de bloqueos en los accesos a la ciudad de Cuernavaca para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aceptara finalmente llegar a un acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y el Ayuntamiento del que depende. Pero esos 180 minutos tuvieron mucha preparación previa.
La noche del martes 31 de enero, ayudantes municipales y líderes vecinales se reunieron para diseñar el esquema de bloqueos, mientras ciudadanos custodiaban los pozos cuya energía eléctrica amenazaba cortar la CFE; en paralelo, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se reunía con la directora del SAPAC, Evelia Flores y funcionarios de ambos despachos para diseñar una nueva propuesta para hacer el pago de nueve millones que exigía la paraestatal para suspender el corte de servicio a 60 pozos de la ciudad, de los que para entonces llevaba ya 13.
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Por la tarde, algunos ciudadanos se habían apersonado en las oficinas de la CFE en avenida Vicente Guerrero para impedir la salida de los operadores de la paraestatal y en otras colonias se convocaba a los vecinos a cuidar los pozos de posibles cortes. La situación era preocupante y había un riesgo moderado de violencia que se planteó en la reunión entre autoridades municipales. El aviso de bloqueos hecho por los vecinos provocó que algunas escuelas suspendieran labores, otras como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, optó por las clases virtuales buscando evitar conflictos viales.
Ya entrada la noche, el gobierno estatal preparaba un comunicado deslindándose de la crisis del agua en Cuernavaca y “de manera respetuosa” solicitaba al ayuntamiento de la ciudad atender el adeudo con la CFE para “evitar más afectaciones a la ciudadanía derivadas de la falta de agua potable (sic)”, el documento se enviaría a los medios a las siete de la mañana, una hora y media antes de que iniciaran las movilizaciones para bloquear la ciudad.
La reunión ciudadana determinó bloquear los accesos a Cuernavaca, desde la Paloma de la Paz, al norte, hasta Chipitlán, en el sur, y no retirarse hasta que la CFE cesara los cortes de energía a los pozos y restableciera el servicio donde ya lo había suspendido. En paralelo, Urióstegui y Flores acordaron insistir en buscar un acuerdo con la paraestatal y buscar incluso el apoyo federal para que los cortes cesaran.
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Por la mañana, mientras los vecinos avanzaban a las arterias que bloquearían, la CFE cortó la energía a las oficinas centrales de SAPAC, donde se reciben y procesan los pagos, imposibilitando el servicio. El alcalde de Cuernavaca calificó la medida como “extrema” dado que frenaba la capacidad del sistema operador de hacerse de recursos con qué pagar sus adeudos.
El primero de los bloqueos, el de la Paloma de la Paz, inició 35 minutos después de lo programado. Vecinos de Tlatepexco, una de las colonias al norte de la ciudad que más ha sufrido por los problemas de distribución del líquido, cerraron la glorieta, el acceso tradicional a Cuernavaca. A las nueve y minutos otro grupo de ciudadanos había cerrado la avenida Plan de Ayala, a la altura del hospital del Seguro Social.
Aún con la ligera reducción de tránsito vehicular que provocaron los avisos de bloqueos la noche del martes y madrugada del miércoles, las arterias de acceso a Cuernavaca se volvieron un infierno. Decenas de automovilistas se enfrentaban verbalmente a los manifestantes que les insistían estar luchando porque todos tengan agua. La desesperación hizo que muchos desistieran en su intento de realizar actividades normales, cientos de automóviles usaron los camellones como retornos para volver por donde habían llegado.
Urióstegui comentaría después: “las protestas son porque no hay agua, y es un derecho de las personas a manifestarse y exigir que se cumpla. Más bien yo diría que la radicalización de CFE no es la adecuada y obedece a tintes distintos a sólo exigir el pago”. Y advertía que la intención del ayuntamiento es “resolver el problema de fondo para que la gente no tenga que manifestarse”.
Había dos actos políticos a los que se había invitado al alcalde y al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el primero, el relevo en la 24a. Zona Militar sirvió para que los dos hablaran sobre la crisis del agua en Cuernavaca y las afectaciones que se esperaban para la capital del estado. Blanco prometió al alcalde buscar que lo recibiera la CFE para solucionar, aunque advirtió que debía pagarse el adeudo actual y avanzar con los anteriores.
Pero la cita en la gerencia regional de la paraestatal ya estaba concertada desde muchas horas antes, la había pactado el ayuntamiento.
Para cuando ya se dialogaba con la paraestatal, desde el Congreso el diputado Francisco Sánchez Zavala, panista y presidente de la Mesa Directiva, llamaba a las partes a buscar un acuerdo y evitar afectaciones a la ciudadanía, y anunciaba que se plantearía una ampliación presupuestal a Cuernavaca para ayudarle a enfrentar el adeudo. La senadora Lucía Meza, de Morena, por otro lado, advertía que Urióstegui era el principal responsable de la crisis y anunciaba una futura reunión con el director de la CFE, Manuel Bartlett, para “buscar alternativas de solución”, aunque también reconoció que la paraestatal debe mostrar sensibilidad hacia la ciudadanía y no privarlos del derecho al agua potable. Los bloqueos seguían y la ciudad lucía semiparalizada. Acaso quienes pudieron llegar a sus oficinas y las escuelas que no suspendieron actividades mostraban algo de vida; en las avenidas de acceso, tradicionalmente bulliciosas, se escuchaba el silencio.
En la reunión con la CFE estuvieron el alcalde Urióstegui y funcionarios de la paraestatal, Adolfo Amador Salas Luevano, encargado del Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Centro Sur, Graciela Ramírez Popoca, responsable del Suministrador de Servicios Básicos de CFE en la zona comercial de Cuernavaca y Miguel Domínguez Gómez el representante del Departamento Jurídico, junto con otros directivos. No fue una negociación fácil. Finalmente la CFE aceptó el pago de dos meses vencidos por tres millones de pesos de inmediato y seis más en diez días; y además la reprogramación de pagos para el adeudo histórico de 290 millones de pesos heredado por las dos administraciones municipales pasadas para lo que se buscará el apoyo financiero del gobierno federal.
Urióstegui concluyó el encuentro y obtuvo la promesa de la CFE de reconectar el servicio en las próximas horas a las instalaciones en las que fue suspendido, trece pozos y las oficinas centrales. Inmediatamente, a través de WhatsApp, empezó a correrse la voz. Los ayudantes municipales que participaban en los bloqueos avisaron a los vecinos que se movilizaron, “ya podemos retirarnos, ganamos, hay acuerdo con CFE y vamos a tener agua”, decían mientras paulatinamente se liberaban las calles.
Los ciudadanos lo lograron.
Con información de Emireth Cossío, Valeria Díaz, Enrique Domínguez, Jessica Arellano y Katy Cárdenas
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