Como se ha argumentado, la democracia moderna se distancia de la democracia de los antiguos en un atributo definitorio clave: la representación a través del voto.
De este modo, surge el relevante interrogante acerca de los mecanismos de control de los gobernantes por parte de los representados. En un régimen político democrático moderno, entonces, las elecciones competitivas constituyen el principal mecanismo de control, el cual puede ser ejercido como evaluación anticipada del mandato -responsiveness-, o como evaluación retrospectiva del desempeño -accountability-.
La representación democrática moderna presenta, al menos, dos dimensiones problemáticas: 1) resulta difícil anticipar ex ante la política que llevarán adelante nuestros representantes y 2) entre lo que votamos y lo que elegimos, se encuentran siempre instituciones, reglas y procedimientos que afectan sustantivamente el resultado de la opción ciudadana. En este sentido, la capacidad efectiva de control ciudadano depende de los arreglos institucionales que asumen los sistemas electorales, de las características de las organizaciones partidarias y de la dinámica del sistema de partidos.
En años recientes, la literatura especializada en temas electorales incorporó líneas de investigación relevantes para el análisis de la relación entre democracia, representación y accountability. Fearon (1999) y Ferejohn (1999) indagan sobre cómo el supuesto de un mayor control de los políticos por el electorado descansa en el modo en que las señales que envían los votantes son recibidas y procesadas electoralmente. Asimismo, Manin, Przeworski y Stokes (1999) se preguntaron sobre cómo las elecciones trasmiten al unísono señales y prospectivas que son posibles de interpretación (y manipulación) por parte de los políticos. Para esos autores, si las elecciones son mecanismos de control político, cuanto mayor es el ruido en la señal política que envían los votantes, menor es la capacidad de sancionar o premiar a los representantes en términos de su correspondencia con las preferencias de sus votantes.
Por otra parte, las acciones y preferencias de los legisladores, una vez elegidos, son poco accesibles a los votantes. La falta de información pública, el acceso a los registros de votaciones parlamentarias o la existencia de numerosos ámbitos de decisión “reservados” permiten que una buena imagen, antes que la fidelidad a las preferencias de sus electores, sea más determinante en la reelección de los candidatos. Adicionalmente, se registran con insistencia situaciones de una severa dificultad para distinguir entre dirigentes que toman medidas impopulares por considerarlas mejores para el interés común y quienes las asumen por su propio interés. Esto irremediablemente genera un peligro moral de premiar al agente equivocado o de sancionar a quien sí ha actuado representativamente.
Las características organizativas de los partidos también afectan el rendimiento de la accountability, fundamentalmente cuando las fuerzas no controlan las acciones de sus líderes (Maravall, 1996).Shugart, Moreno y Crisp (2000), por su parte, consideran que la accountability vertical depende de incentivos institucionales en el lazo entre votantes y representantes, tanto en el proceso de selección de candidatos como en la elección general. El voto por listas partidarias en lugar de candidaturas individuales tiende a generar comportamientos más programáticos y, a su vez, permite al elector identificar las consecuencias de su elección. Para que esto ocurra efectivamente, debe existir accountability vertical en el momento de la selección de candidatos. En contraste, los casos extremos de nulo control partidario sobre los candidatos individuales y de dominio hipercentralizado de las elites dirigentes dificultan seriamente el control retrospectivo.
En la crítica rousseauniana, los votantes se sienten libres porque votan de tanto en tanto pero, sin embargo, entre cada elección permanecen esclavos. Esos períodos de esclavitud, en nuestra lectura, pueden ser menos tortuosos si, en vista de que pueden perder en un futuro próximo, los representantes se ajustaran a los deseos y preferencias de sus electores. Este argumento común en la teoría democrática, no ha sido integrado suficientemente con la literatura sobre instituciones políticas que ha mostrado que no sólo el voto, sino también la forma en que se cuentan estos votos, las características organizativas de los partidos y la dinámica de competencia partidaria son relevantes para explicar la representación democrática.
Esa representación democrática ha dado un golpe al corazón mismo de la administración del presidente, López Obrador a quien la realidad de la crisis sanitaria global, ha disminuido notablemente la capacidad de su gobierno para realizar algo relevante hasta el cierre de su gestión. Más aún: los indicadores económicos, sociales y políticos internos y externos se recrudecen en parte por un liderazgo ausente, un gabinete que observa desde segunda fila al mandatario mexicano y una oposición (no) profesional, entre otros elementos. Es la combinación terrible para una crisis de largo plazo.
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