El Instituto Nacional de Salud Pública llegó a Cuernavaca en 1989 cuando su director era Julio Frenk Mora, a quien muchos recordamos por su impecable libro Triptofanito y otros más como Secretario de Salud del gobierno de Vicente Fox. Otros muy notables directores del Instituto fueron Jaime Sepúlveda Amor, Mauricio Hernández Ávila, Juan Ángel Rivera Dommarco y, por supuesto, el actual, Eduardo Lazcano Ponce.
El INSP está formado por la Escuela Nacional de Salud Pública y varios centros de investigación en el área que han generado estudios relevantísimos sobre casi todos los aspectos de la salud, desde la epidemiología hasta la economía. Entre otros de sus aportes, en el INSP inició la conversación sobre las políticas de prevención de la salud, los derechos de los pacientes y sus familiares, la resistencia a los antibióticos, los gastos en salud, y junto con la Fundación Mexicana para la Salud, el diseño del Seguro Popular, que hoy tantos mexicanos extrañan tanto. En el caso particular de Morelos, los científicos del INSP, además de ser buenos ciudadanos de Cuernavaca y su zona conurbada, han hecho aportes para el diseño de políticas públicas en salud que han sido útiles, por ejemplo, para el manejo de la pandemia entre el 2020 y el 2022.
Es decir, el INSP no es una olla de grillos, no es un ente fifí, tampoco resulta una facción conservadora que conspira contra los gobiernos, en todo caso podríamos ubicarlo como una especie de think tank que produce la mayor parte del conocimiento sanitario en el estado.
Por eso debería preocuparnos mucho la marcha que estudiantes, científicos y trabajadores del instituto emprendieron desde su sede en Avenida Universidad hasta el zócalo de Cuernavaca. Más allá de la obviedad (cualquiera que camine esa distancia debe estar sumamente enojado), el motivo de la manifestación, pronunciarse contra la inseguridad, demandar justicia para las víctimas, y rechazar la normalización de la violencia y la pérdida de espacios públicos frente a la delincuencia, motiva a una enorme angustia. Y lo hace porque los ciudadanos de Morelos poco hemos podido hacer por la comunidad del INSP, entre otras cosas porque padecemos de exactamente los mismos males; y porque el gobierno estatal parece no tener la decencia mínima de considerar muy relevante el que los pensadores del estado se conviertan temporalmente en activistas por los derechos humanos más elementales, vida, seguridad, justicia.
Si lo único que el estado puede ofrecer para seguridad de los ciudadanos es el sistema de Segurichat, cuyos usuarios reportan tiempos de espera superiores a los 45 minutos desde la solicitud de auxilio, lo cierto es que no les ofrecen nada. Tampoco hubo diplomacia desde el Ejecutivo para armar una comisión de notables que recibiera a la marcha. Para pedirles ayuda, alcaldes, secretarios de estado, diputados, han estado con los científicos en la solicitud de auxilio que ellos dan siempre porque viven en Morelos y es una tierra que los ha enamorado. Para escuchar sus demandas, ninguno de ellos se formó. Los responsables de las áreas involucradas con los temas que se trataban y con las personalidades que los requerían, Samuel Sotelo, secretario de Gobierno; José Ortiz Guarneros, comisionado de Seguridad Pública; Marco Antonio Cantú, secretario de Salud; ninguno fue capaz de recibir las dos comisiones que, miércoles y jueves acudieron a buscar respuesta del gobierno a sus demandas de seguridad, justicia y paz; es decir, el cumplimiento de las tareas básicas de cualquier estado. Casi por oficialía de partes quedó el pliego petitorio. El INSP no merece eso después de todo lo que ha dado a la entidad; y más extenso, ningún morelense merece un trato tan omiso como el que padecen todos los días de parte del Ejecutivo y su equipo de seguridad pública.
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