Seguro no fue elegante, pero los diputados de la mayoría que no obedece a la administración de Cuauhtémoc Blanco, no han tenido tiempo para arreglar mucho las cosas. Los opositores, independientes, rebeldes, nocturnos, peores de la política, heróicos, o el epíteto que se utilice (siempre de acuerdo con la carga ideológica o de interés del atribuyente) para llamar a un grupo de legisladores, a veces catorce y otras quince, representan el primer y principal contrapeso a la administración de Cuauhtémoc Blanco y eso es algo que no requiere de finura. Claro que sería deseable, frente a lo que la ciudadanía tiene enfrente, algo de distinción pero los legisladores saben por experiencia el enorme costo que puede tener el frenar en algún afán estético.
Así fue como 14 diputados tomaron la protesta a la décimo quinta de ellos, Marguis Zoraida del Rayo, y luego aprobaron un presupuesto diferente al que el Ejecutivo había enviado y, por supuesto, más cercano a la agenda de los legisladores -que parece más ciudadana-, que a la del gobernador Cuauhtémoc Blanco. No se trata de una agenda partidista, por cierto, en la aprobación del proyecto presupuestal participaron parte de Morena, y los grupos parlamentarios completos de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, del Trabajo y Morelos Progresa.
Y claro que al gobernador y sus partidarios les molestó muchísimo el atrevimiento de los legisladores que, muy temprano en el año, pero muy tarde en el día, consiguieron y aplicaron su mayoría para aprobar el ordenamiento de marras que seguramente tendrá beneficios para algunas áreas de la administración pública (el fiscal, Uriel Carmona, ya lo celebra), y afectaciones para otras, particularmente algunas del Ejecutivo. Por eso la Secretaría de Gobierno de Samuel Sotelo ya prepara los lápices y marcadores con que analizará el documento una vez que les sea remitido y advierte que probablemente el Ejecutivo ejercería su facultad de veto como último recurso legal contra el presupuesto aprobado por los diputados. (El veto no aparece como tal en la legislación mexicana, pero es la jerga política para referir a un rechazo institucional o facultad del Ejecutivo de hacer observaciones a los ordenamientos del Congreso, y puede ser total, el rechazo expreso a firmar el decreto para devolverlo al Legislativo explicando las razones de su oposición, el veto por párrafos, que le permite eliminar parte de una ley o modificar disposiciones, y el “de bolsillo” que permite al titular del Ejecutivo negarse a firmar la ley).
Por cierto, difícilmente podría atribuirse, a pesar de su simultaneidad, la inclusión aparentemente atropellada de la diputada Marguis Zoraida del Rayo, como una estrategia para aprobar el presupuesto de la LV Legislatura. Los diputados ya tenían los catorce votos requeridos para tener una mayoría poco cuestionable, la incorporación de la nueva diputada, que sustituye a la víctima de feminicidio, Gabriela Marín, completa los 20 integrantes del pleno y es parte de la una vuelta a la normalidad, triste pero necesaria en el poder depositario de la soberanía popular. Ello no tendría que ser obstáculo para que las investigaciones sobre el asesinato y el castigo a los responsables se dé, aunque no queda en la cancha del Congreso, sino en la de la Fiscalía.
El reclamo a los legisladores, a falta de mayor información sobre el presupuesto, ha sido el hecho de sesionar por la noche, un fenómeno que se ha popularizado en congresos de otros estados y el de la Unión. Las razones parecen mucho más cercanas a la construcción y el cuidado de los acuerdos (que en años anteriores han probado ser bastante volátiles), frente a la evidente influencia de actores externos en el ánimo de algunos diputados; que a una intención de ocultar la información. De hecho, la sesión completa fue transmitida a través de las redes sociales del Congreso, cierto que no fue el horario estelar de la política, pero el efecto fue el mismo.
Por cierto, probablemente lo que más moverá al Ejecutivo a buscar recursos jurídicos para anular el presupuesto de los diputados es que el ordenamiento prohíbe las transferencias libres de recursos que funcionaban para el uso discrecional del dinero público y que operaron durante toda esta administración generando enormes trechos de opacidad en las finanzas públicas.
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