El pasado 22 de enero, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito en Massachusetts emitió un dictamen crucial, anulando la orden judicial que desestimaba la demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses. Dicha resolución se destaca como un evento trascendental en la confluencia de los Derechos Humanos Constitucionales y la responsabilidad armamentista en el contexto internacional.
La acción legal tiene su origen en agosto de 2021, donde se presentó una demanda exigiendo 10 mil millones de dólares en daños a varios productores de armas como Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta y Glock, acusándolos de prácticas comerciales negligentes que contribuyen al tráfico ilegal, y en consecuencia, al alto número de muertes. Argumentando también, que incumplen con las leyes estatales y federales, y emplean estrategias de marketing y diseño de productos específicamente dirigidas para atraer a grupos criminales.
En principio, el Juez Principal F. Dennis Saylor había denegado inicialmente la demanda en septiembre de 2022, apoyándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA por sus siglas en inglés) que protege a los fabricantes de armas de demandas por el mal uso de sus productos. Sin embargo, el argumento mexicano se centra en sostener que la ley no los defiende de la responsabilidad por el tráfico ilegal de armas a células delictivas. El Tribunal de Apelaciones encontró mérito en el razonamiento, indicando una posible excepción, enfatizando que la norma jurídica fue diseñada para resguardar el comercio legal relacionado con las armas de fuego, y la acusación señala a las empresas de facilitar el tráfico de armas, lo cual es ilícito.
Con la problemática del narcotráfico, mientras el flujo de drogas se dirige de sur a norte, los fusiles transitan en sentido inverso. Según la demanda, estas compañías son responsables de producir el 68% de las armas que ingresan ilegalmente a nuestro país cada año. Además, aproximadamente dos tercios de los conflictos geopolíticos actuales, involucran a una o más partes armadas por Estados Unidos, siendo el líder mundial y teniendo ganancias de más de 801 mil millones de dólares al año.
Con esta resolución, se abre una nueva dimensión en el análisis de cómo las prácticas comerciales y las políticas gubernamentales impactan los Derechos Humanos. La relevancia de este caso radica en su enfoque en el derecho a la vida y a la seguridad, principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en Constituciones nacionales, incluyendo la de México. Subraya la responsabilidad de la industria, para que no contribuyan al deterioro de los derechos esenciales. Ratifica una mayor transparencia y controles más estrictos en la venta y distribución de armas.
En la complejidad de los conceptos de justicia, soberanía y responsabilidad internacional en el contexto moderno, se desafía la impunidad corporativa que quebranta la estabilidad de todo un pueblo. Por estas razones, se busca una compensación que promueva una mayor conciencia y responsabilidad en una industria cuyas repercusiones se extienden mucho más allá de sus fronteras nacionales; y de lograr una indemnización compensatoria por daños, podría alcanzar el valor del 2% del PIB de México. Este asunto podría sentar un precedente importante, abriendo la puerta a una mayor regulación y supervisión de la industria militar y la seguridad global.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
