La liberación parcial de los bloqueos en la autopista Siglo XXI, es un muy mal mensaje para la política. Si bien es de reconocerse que mediante la promesa de pago de indemnizaciones el gobierno federal logró el retiro de algunos ejidatarios de la vía de comunicación, el hecho de que el acuerdo haya sido sólo con algunos grupos de campesinos y no con la totalidad de quienes reclaman es una muestra de una política selectiva del gobierno federal.
Para aumentar las sospechas, el acuerdo incluye a los ejidatarios de Ayala, región que visitará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo seis de enero (estará en Ayala y Anenecuilco inaugurando obras), pero no a los ejidos de Jojutla y Tlaquiltenango, que mantienen la protesta que iniciaron desde el 12 de diciembre pasado con el cierre de la autopista en esa región. Para el anecdotario uno recuerda las lecturas de adolescente en que se refería a las giras presidenciales y cómo antes de ellas se limpiaba todo y se colocaban flores y bellas escenografías que duraban sólo hasta que concluía la visita del mandatario en turno. Nada parece haber cambiado, porque los ejidatarios de Jojutla y Tlaquiltenango, según quienes los presiden, no fueron siquiera convocados al diálogo, a lo mejor porque están bastante lejos del trayecto programado para la gira del lunes entrante.
Si consideramos que la justicia es un principio guía para las acciones del gobierno, y que la selectividad es opuesta a esa justicia, que la SCT considere sólo una parte de los ejidos que, probablemente sin intención, resulte polìticamente conveniente atender, lejos de aplaudir la solución parcial al conflicto tendría que censurarse; más cuando el comunicado 002 del 2020 de la SCT advierte “Se trata de que actuemos todos con justicia y que se entregue a los propietarios, a los dueños de los terrenos, los pagos razonables que corresponden. No se trata de quitarle los terrenos a nadie, expropiar a nadie indebidamente, ni de indemnizar con pagos que no corresponden con la realidad”. El comunicado cita reconoce que “el acuerdo fue firmado por el presidente de la Pequeña Propiedad de Huitzilla, el representante del Ejido de Jonacatepec, el presidente del Comisariado Ejidal de Tlaltizapán, el presidente del Comisariado Ejidal de Atotonilco y la representante de Gestión Administrativa y Legal de Ejidos Afectados. Y uno se pregunta ¿Y Jojutla? ¿Y Tlaquiltenango?
Cierto que el problema de la indemnización a campesinos por la construcción de la autopista de marras es herencia de administraciones anteriores y que la falta de recursos de gobierno y empresa concesionaria han impedido un arreglo inmediato. Pero esas circunstancias para nada justifican la selectividad en la atención por parte del gobierno federal a sólo algunos de los ejidos afectados que deja muchas más dudas que tranquilidades.
El diálogo es una herramienta fundamental para resolver cualquier conflicto pero sólo si es utilizado con todas las partes involucradas, de otra forma sólo es una extensión terrible de afrentas. Dudamos que esa sea la apuesta del gobierno federal, por lo que el descuido es francamente imperdonable.
Item aparte debiera ser la absoluta omisión que el gobierno de Morelos ha evidenciado en torno al conflicto. Es cierto que el problema de falta de pago a los ejidatarios afectados por la construcción y operación de la autopista es de índole federal, pero también que el gobierno del estado sería responsable solidario en la mediación del conflicto y podría buscar que las puertas de SCT se abrieran para todos los campesinos morelenses afectados, y no sólo para quienes hoy se ha atendido.
@martinellito
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Daniel Martinez ok
DANIELMamarrilla 2
