/ miércoles 25 de noviembre de 2020

Pleito en Chanalhló va a la CIDH

En tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado ingresaron al ejido Puebla, municipio de Chenalhó, para evaluar los daños en el patrimonio de las familias víctimas de desplazamiento forzado

TUXTLA GUTIÉRREZ. Indígenas víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Chenalhó llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que les concedió audiencia el próximo 1 de diciembre.

En tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado ingresaron al ejido Puebla, municipio de Chenalhó, para evaluar los daños en el patrimonio de las familias víctimas de desplazamiento forzado, confirmó el abogado defensor, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku'untik, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

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"Me preocupa su seguridad, esperamos que el trabajo sea el punto de partida para la atención integral del desplazamiento forzado interno que contemple el retorno en condiciones dignas, seguridad y protección, atención alimentaria, garantías para su bienestar y no repetición, afirmó Cadenas Gordillo.

El desplazamiento de indígenas se dio en mayo del 2016, en la administración municipal de Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando 44 familias que no votaron por esta fuerza política en los comicios del 19 de julio de 2015 fueron obligadas a salir de sus viviendas, y tras una lucha los llevó hasta la CIDH.




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TUXTLA GUTIÉRREZ. Indígenas víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Chenalhó llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que les concedió audiencia el próximo 1 de diciembre.

En tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado ingresaron al ejido Puebla, municipio de Chenalhó, para evaluar los daños en el patrimonio de las familias víctimas de desplazamiento forzado, confirmó el abogado defensor, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku'untik, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

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El desplazamiento de indígenas se dio en mayo del 2016, en la administración municipal de Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando 44 familias que no votaron por esta fuerza política en los comicios del 19 de julio de 2015 fueron obligadas a salir de sus viviendas, y tras una lucha los llevó hasta la CIDH.




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