A partir de este viernes y durante los próximos fines de semana, familiares de María Luisa Villanueva sentenciada a 30 años de prisión, presuntamente de forma injusta el 6 de enero de 1998 en Morelos, llevarán a cabo jornadas de concientización para que su caso sea visibilizado por la población y se haga justicia.
Ella fue acusada de haber cometido el secuestro de un menor en esa época y presuntamente, mediante torturas y con pruebas fabricadas, fue enjuiciada. Actualmente se encuentra recluida en el penal de Atlacholoaya, pero podría quedar en libertad en mayo próximo de acuerdo con su abogado, Eutiquio Damián Santiago.
Explicó que esta posibilidad existe gracias a los dos amparos que la justicia federal le concedió para que el caso fuera reabierto nuevamente, así un tribunal de alzada del Poder Judicial de Morelos ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar de nuevo el caso para que se dé con la verdad de los hechos, incluso que se aplique el protocolo de Estambul por las supuestos actos de tortura que sufrió María.
“Los amparos que se promovieron fueron en contra de la Fiscalía del Estado por los actos que se cometieron, hechos que fueron denunciados por la señora en el año 2014. Y entonces estamos en el cumplimiento de ese amparo que es la investigación. Ya las indagatorias se han desarrollado bastante ya hay un avance considerable”, mencionó el litigante.
Esas diligencias podrían estar listas entre abril y mayo de este año, para que posteriormente sean presentados ante un juez penal del sistema de justicia tradicional en materia penal. Una vez que se dictaminara su inocencia con ese documento María podría salir del reclusorio.
“Actualmente, ella ha cumplido ya 24 años en prisión; es decir que está a sólo seis años de comprobar la pena que se le dio de manera arbitraria por la justicia de aquel tiempo. Ahora confiamos en las investigaciones de la fiscalía porque son sólidas las indagatorias; se recabaron datos y dictámenes periciales favorables”.
María habría sido un “chivo expiatorio” en la época del exgobernador, Jorge Carrillo Olea, quien fue separado de su cargo por la ola de inseguridad que “azotaba” al Estado, también se señalaron varias complicidades de la Policía y la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) con bandas criminales, al igual que ha sucedió en el actual Gobierno.
