Reforma electoral de Morelos propone más legisladores

La próxima reforma electoral de Morelos deberá estar lista y publicada a más tardar el último día de mayo de 2023, de lo contrario no se podrá aplicar para las elecciones de junio de 2024, advirtieron especialistas en materia electoral. Aun cuando en el Congreso del Estado ya han surgido voces sobre iniciativas al respecto, ninguna parece avanzar.

Entre los aspectos pendientes que estarían sobre la mesa están la redistritación para ampliar el número de distritos locales que ahora son 12 de mayoría relativa, pues existe una gran diferencia entre regiones que contemplan un solo distrito. Además, lineamientos específicos sobre la designación de las candidaturas bajo acciones afirmativas como equidad de género y adscripción indígena.

Asimismo, unas de las prioridades, según los diversos órganos electorales del estado, es que la reforma tenga a bien decidir quién asumiría una diputación en caso de muerte del titular, pues ello ha desencadenado situaciones como la de la diputada Gabriela Marín Sánchez, toda vez que se definió en tribunales federales lo que se había decidido en las urnas.

La redistritación

Tanto el Tribunal Estatal Electoral (TEE), el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana (Impepac) y la Barra de Abogados Electorales coinciden en que la primera acción que la reforma electoral debe contemplar son los procesos de sustitución de las curules en caso de muerte de un legislador, y que éste no tenga suplente, pues en la entidad existe una laguna que abre una puerta a juicios interminables.

“Una de las cuestiones principales que tendría que atender la reforma electoral es una nueva redistritación electoral, como se encuentran actualmente los distritos distan mucho de tener una representación real, no es posible que una población tan distinta como la de Axochiapan pertenezca a un distrito en donde la cabecera no tiene similitud con ellos, como Tepalcingo, Jonacatepec, sus tradiciones son distintas a otras”, respondió Martha Elena Mejía, presidenta del TEE.

Esto dificulta incluso el traslado de las urnas y paquetes electorales de la cabecera distrital hacia los municipios que lo componen, pues las distancias están seriamente marcadas. En la elección de 2018 Morelos pasó de tener 18 distritos de mayoría relativa a 12, recordó la magistrada, de ahí la necesidad de tener más de 18 distritos.

Mejía relata que la falta de precisiones en la ley estatal incrementa el número de juicios que recibe anualmente en materia de protección a los derechos electorales; en años no electorales anteriores a la reforma de 2014 se recibían máximo 106 recursos de inconformidad, pero en este 2022 ya suman 150: “En un año electoral el último de 2021 recibimos hasta mil 900 juicios”.

En su mayoría regidores y síndicos denuncian falta de pago por parte de los presidentes municipales, también violencia política contra mujeres, y en el último año son ya 15 juicios en los que actuales diputados denuncian no ser tomados en cuenta en las designaciones de sus comisiones: “Fueron 21 juicios de ellos, seis de la Comisión Permanente”.

La reelección y acciones afirmativas

Mejía señala que la reelección es otro gran pendiente en la reforma electoral, ya que se deben fijar lineamientos claros sobre los tiempos y formas de hacer campaña, pues actualmente no están obligados a separarse del cargo para contender por otro e incluso el mismo. La falta de precisión también incentiva la presentación de impugnaciones ante el TEE.

Si bien la paridad de género ya está en la Constitución, se debe aclarar en los consejos distritales y municipales, así como en todos los órganos de elección popular.

La asignación de las diputaciones de Representación Proporcional conocidas como plurinominales, para que sea de forma incluyente y pluricultural en favor de personas con discapacidades, jóvenes, adultos mayores, los pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, indígenas y todas las acciones afirmativas y que no se basen solo en lineamientos que también dan pie a juicios.

En su turno, Mireya Gally Jordá, presidenta del Impepac, reconoció que fue por medio de lineamientos que se pudieron rescatar candidaturas bajo acciones afirmativas cuando no había una ley clara, pero lamentó que los candidatos presentaran una Constancia de Autoadscripción Indígena que fue rechazada por las propias comunidades.

Sustitución y candidaturas independientes

Para Gilberto González Pacheco, presidente de la Barra de Abogados, la reforma electoral debe ponderar el hecho de dar certeza jurídica en la sustitución de cargos de representación popular, como es en el caso de los legisladores y cabildos, en donde se han visto intensas luchas por el poder.

El criterio del TEE, luego la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre que el siguiente en la lista de prelación de las listas de representación proporcional tienen derecho a asumir el cargo en caso de la muerte o falta del anterior, debe prevalecer en la nueva reforma, aunque cada Congreso local tiene derecho a hacer valer su autonomía.

“Se debe blindar la elección de la delincuencia organizada, mediante la prevalencia de financiamiento público sobre el privado en las campañas. Se debería fortalecer a las candidaturas independientes, darles facilidades a los ciudadanos que quieran participar de las elecciones”.

La falta de piso parejo entre las candidaturas de partidos políticos contra las independientes, ha permitido que solo uno haya llegado al poder en la elección inmediata anterior, que fue el presidente municipal de Coatlán del Río, quien incluso repitió en el lugar.

Mayor financiamiento se debe considerar ya que el actual es “simbólico”, simplificar la tramitología para registrarse como candidato independiente siendo el recabar numerosas firmas una práctica titánica; las condiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), resultan otra complicación dejando como la única opción ser candidatos de un partido político.

“Formalmente no hay una iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRI habló sobre una propuesta pero formal ninguna, se habló de regresar a los 18 distritos y las 30 diputaciones, hay estudios de que puedan ser de 25 o 26 diputados en total”.

Establecer un parlamento abierto para que expertos participen de la elaboración de la reforma, que no sea unilateral.

Los riesgos

“Al existir una laguna en la ley los llevan a recurrir a instancias administrativas para la defensa de los derechos, lo más conveniente es que vengan en la ley, pues son juicios que debemos atender y problemas para los candidatos”, dijo la magistrada presidenta del TEE, además de que deben endurecerse las sanciones a quienes cometan violencia política.

Para la elección del 2024 las acciones afirmativas deben estar ya perfeccionadas por medio de reglas que permitan a verdaderos indígenas, integrantes de la comunidad LGBTQ+, llegar a los cargos y dejen de ser simulaciones, dijo González Pacheco.

“Debe haber mecanismos adicionales para garantizar”. La reforma debe estar lista 90 días antes del inicio del año electoral”, de lo contrario seguirán interponiéndose juicios de protección de derechos políticos dejando acéfalos varios espacios

No desaparecer los OPLE

Mireya Gally Jordá, presidenta del Impepac, opinó que la aprobación o no de la reforma electoral a nivel federal en donde buscan desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) impactará la reforma que se discuta en Morelos; y aunque esto ocurriera el estado deberá legislar sobre aspectos de carácter local.

“En caso de que prospere la reforma electoral en los términos que se pretenden y desaparezcan los OPLE, los congresos locales no tendrían en absoluto ninguna atribución para modificar, arreglar o añadir algo a la ley electoral”.

Las tareas electorales se concentrarían a nivel nacional, dificultando el traslado y todo la logística que conlleva una jornada electoral cada tres años y cada seis: “Llevaría un gasto mayor a los 24 mil millones de pesos que ellos dicen que se gasta en las elecciones”; en el caso de Morelos el gasto del Impepac apenas representa el 0.1% del presupuesto estatal, defendió.

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