/ lunes 16 de mayo de 2022

Los olvidados del exgobernador Graco Ramírez

Sobre el sexenio del perredista pesan cerca de 60 carpetas por uso indebido del ejercicio público y peculado

“Llevaré a Morelos a buen puerto”: fueron las palabras que pronunció el 1 de octubre de 2012 el exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu al rendir protesta al cargo en Plaza de Armas de Cuernavaca, un lugar que lució abarrotado pero con acceso sumamente controlado.

Ahí estuvieron los gobernadores de Guerrero, el entonces diputado federal Silvano Aureoles; Marcelo Ebrard y el hoy dirigente de Morena, Mario Delgado.

En ese entonces anunció cambios en materia de austeridad, educación, social, como la implementación de la Beca Salario y el programa Jefas de familia, que resonaron durante su sexenio incluso antes de obtener el triunfo en 2012 bajo la coalición Nueva Visión Progresista.

Sobre su gobierno pesan alrededor de 60 carpetas interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, varias por uso indebido del ejercicio público y peculado, refiere el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo: "Ya se verán los resultados en próximas fechas, hay denuncias presentadas contra funcionarios de primer nivel”, dijo Sotelo a El Sol de Cuernavaca a inicios de este 2022.

Patricia N

Bajo la carpeta de investigación JC/1196/2020 está imputada Patricia “N”, quien tomó protesta en 2015 y continuó en la administración de Graco hasta 2018, siendo una de las principales señaladas por la Fiscalía Anticorrupción por haber ejercido indebidamente el servicio público.

De pelo cano, tal como se le recuerda en las fotografías oficiales, Patricia sale esposada acompañada en todo momento por una guardia de seguridad, con blusa color beige, pants amarillos y tenis blancos, mientras la juez Alejandra Trejo le permite tomar asiento.

Luego de algunos minutos y poco antes de las 10:00 horas se da por terminada la audiencia, donde la juez brinda un plazo de cinco días para que la Fiscalía dé cuenta a los defensores de las carpetas que se siguen en contra, así como dos meses para que los abogados analicen los expedientes presentados.

Entre los asistentes estaba la exsecretaria de Desarrollo Social, Blanca Almanzo Rogel, quien también aparece entre las imputadas. Con una imagen deteriorada física y anímicamente Patricia "N" responde con un “no” a la solicitud de una declaración para El Sol de Cuernavaca.

“Contratos, cotizaciones”, se leía en las cajas y cajas de expedientes que cargaban los representantes de la Fiscalía. La abogada Danae Velázquez Luna, quien lleva la defensa de la exsecretaria, respondió que en 2019 se le imputaron cargos por ejercicio indebido del servicio público.

En una primera audiencia el aún presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso, declaró “que no había delito, pero en una segunda decidió aplicarle prisión preventiva”, reveló la abogada.

“En cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control el 18 de febrero, este día, 28 de febrero de 2022, a las 21:34 horas, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a la exsecretaria de Obras, Patricia ´N´ por el delito de ejercicio abusivo de funciones”, se lee en el boletín emitido por la fiscalía semanas atrás.

En este se argumenta que: “el caso por el que fue detenida la exsecretaria es porque presuntamente adjudicó de manera directa la obra 'Demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla' por más de 75 millones de pesos a una empresa 'fantasma'", pese a que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas establece que las adjudicaciones directas no deben rebasar los 2.5 millones de pesos.

Por este caso también están vinculados a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, Gonzalo “N”, exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento, y Hugo “N”, exdirector general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.

Exsecretarios se solidarizan para el pago de abogados

Las condiciones económicas de la exfuncionaria la obligaron a solicitar un Defensor de Oficio, pero luego fueron algunos excompañeros de la misma administración quienes se solidarizaron para la contratación de un abogado particular, reveló el exsecretario de Gobierno y secretario general del PRD, Matías Quiroz Medina.

“Hubo una modificación a la Ley del Servicio Público y se le aplicó la retroactividad. Esperemos que en la siguiente audiencia pueda alcanzar la libertad; sin embargo, no deja de ser preocupante hoy su estado físico y emocional”.

Refiere que son 10 carpetas en las que la funcionaria está mencionada, pero confía en que cada una sea llevada conforme a la ley y se resuelva a su favor.

Agregó que un grupo de compañeros "exfuncionarios estamos ayudando para que ella pueda atender su problema legal desde el punto de vista asistido de atención privada. Siempre hemos considerado a la arquitecta Patricia como una persona responsable, honesta y comprometida con su trabajo, y hoy nuestra compañera está pasando por una situación económica difícil y efectivamente no tuvo recursos para atender su defensa y decidió recurrir a la defensoría pública".

“El caso por el que fue detenida la exsecretaria de Obras es porque presuntamente adjudicó de manera directa la obra 'Demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla”

Fiscalía Anticorrupción de Morelos charla con Matías Quiroz, secretario general del PRD

Al ser cuestionado sobre si Jasso Díaz actuó de forma irregular al poner tras las rejas a la funcionaria como resultado de una “gestión” del Poder Ejecutivo para llevar a la cárcel a exfuncionarios a cambio de convertirse en presidente del tribunal, respondió que “nos queda claro que el Poder Ejecutivo también legisla, y que particularmente ya gestiona diferentes tomas de decisiones, hoy el Gobierno del Estado hace lo propio y me parece que la detención de la arquitecta obedece a esa gestión que realizaron de alguna manera al Poder Judicial para poder atender, seguramente, una gestión del Poder Ejecutivo”.

¿Exfuncionarios hoy están cooperando para apoyarla en el proceso judicial? Un grupo de compañeros exfuncionarios estamos ayudando, coadyuvando, para que ella pueda atender su problema legal desde el punto de vista asistido de atención privada. Siempre hemos considerado a la arquitecta Patricia como una persona responsable, honesta y comprometida con su trabajo, y hoy esa circunstancia económica de nuestra compañera no es la mejor, está pasando por una situación difícil y efectivamente no tuvo recursos para atender su defensa y tuvo que recurrir a la defensoría pública.

¿El exgobernador Graco Ramírez los abandonó? Sé que ha estado en comunicación con la familia y particularmente con algunos compañeros secretarios, lo ha hecho particularmente conmigo, no podría argumentar y decir que los ha abandonado.


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“Llevaré a Morelos a buen puerto”: fueron las palabras que pronunció el 1 de octubre de 2012 el exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu al rendir protesta al cargo en Plaza de Armas de Cuernavaca, un lugar que lució abarrotado pero con acceso sumamente controlado.

Ahí estuvieron los gobernadores de Guerrero, el entonces diputado federal Silvano Aureoles; Marcelo Ebrard y el hoy dirigente de Morena, Mario Delgado.

En ese entonces anunció cambios en materia de austeridad, educación, social, como la implementación de la Beca Salario y el programa Jefas de familia, que resonaron durante su sexenio incluso antes de obtener el triunfo en 2012 bajo la coalición Nueva Visión Progresista.

Sobre su gobierno pesan alrededor de 60 carpetas interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, varias por uso indebido del ejercicio público y peculado, refiere el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo: "Ya se verán los resultados en próximas fechas, hay denuncias presentadas contra funcionarios de primer nivel”, dijo Sotelo a El Sol de Cuernavaca a inicios de este 2022.

Patricia N

Bajo la carpeta de investigación JC/1196/2020 está imputada Patricia “N”, quien tomó protesta en 2015 y continuó en la administración de Graco hasta 2018, siendo una de las principales señaladas por la Fiscalía Anticorrupción por haber ejercido indebidamente el servicio público.

De pelo cano, tal como se le recuerda en las fotografías oficiales, Patricia sale esposada acompañada en todo momento por una guardia de seguridad, con blusa color beige, pants amarillos y tenis blancos, mientras la juez Alejandra Trejo le permite tomar asiento.

Luego de algunos minutos y poco antes de las 10:00 horas se da por terminada la audiencia, donde la juez brinda un plazo de cinco días para que la Fiscalía dé cuenta a los defensores de las carpetas que se siguen en contra, así como dos meses para que los abogados analicen los expedientes presentados.

Entre los asistentes estaba la exsecretaria de Desarrollo Social, Blanca Almanzo Rogel, quien también aparece entre las imputadas. Con una imagen deteriorada física y anímicamente Patricia "N" responde con un “no” a la solicitud de una declaración para El Sol de Cuernavaca.

“Contratos, cotizaciones”, se leía en las cajas y cajas de expedientes que cargaban los representantes de la Fiscalía. La abogada Danae Velázquez Luna, quien lleva la defensa de la exsecretaria, respondió que en 2019 se le imputaron cargos por ejercicio indebido del servicio público.

En una primera audiencia el aún presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso, declaró “que no había delito, pero en una segunda decidió aplicarle prisión preventiva”, reveló la abogada.

“En cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control el 18 de febrero, este día, 28 de febrero de 2022, a las 21:34 horas, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a la exsecretaria de Obras, Patricia ´N´ por el delito de ejercicio abusivo de funciones”, se lee en el boletín emitido por la fiscalía semanas atrás.

En este se argumenta que: “el caso por el que fue detenida la exsecretaria es porque presuntamente adjudicó de manera directa la obra 'Demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla' por más de 75 millones de pesos a una empresa 'fantasma'", pese a que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas establece que las adjudicaciones directas no deben rebasar los 2.5 millones de pesos.

Por este caso también están vinculados a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, Gonzalo “N”, exsubsecretario de Evaluación y Seguimiento, y Hugo “N”, exdirector general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública.

Exsecretarios se solidarizan para el pago de abogados

Las condiciones económicas de la exfuncionaria la obligaron a solicitar un Defensor de Oficio, pero luego fueron algunos excompañeros de la misma administración quienes se solidarizaron para la contratación de un abogado particular, reveló el exsecretario de Gobierno y secretario general del PRD, Matías Quiroz Medina.

“Hubo una modificación a la Ley del Servicio Público y se le aplicó la retroactividad. Esperemos que en la siguiente audiencia pueda alcanzar la libertad; sin embargo, no deja de ser preocupante hoy su estado físico y emocional”.

Refiere que son 10 carpetas en las que la funcionaria está mencionada, pero confía en que cada una sea llevada conforme a la ley y se resuelva a su favor.

Agregó que un grupo de compañeros "exfuncionarios estamos ayudando para que ella pueda atender su problema legal desde el punto de vista asistido de atención privada. Siempre hemos considerado a la arquitecta Patricia como una persona responsable, honesta y comprometida con su trabajo, y hoy nuestra compañera está pasando por una situación económica difícil y efectivamente no tuvo recursos para atender su defensa y decidió recurrir a la defensoría pública".

“El caso por el que fue detenida la exsecretaria de Obras es porque presuntamente adjudicó de manera directa la obra 'Demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla”

Fiscalía Anticorrupción de Morelos charla con Matías Quiroz, secretario general del PRD

Al ser cuestionado sobre si Jasso Díaz actuó de forma irregular al poner tras las rejas a la funcionaria como resultado de una “gestión” del Poder Ejecutivo para llevar a la cárcel a exfuncionarios a cambio de convertirse en presidente del tribunal, respondió que “nos queda claro que el Poder Ejecutivo también legisla, y que particularmente ya gestiona diferentes tomas de decisiones, hoy el Gobierno del Estado hace lo propio y me parece que la detención de la arquitecta obedece a esa gestión que realizaron de alguna manera al Poder Judicial para poder atender, seguramente, una gestión del Poder Ejecutivo”.

¿Exfuncionarios hoy están cooperando para apoyarla en el proceso judicial? Un grupo de compañeros exfuncionarios estamos ayudando, coadyuvando, para que ella pueda atender su problema legal desde el punto de vista asistido de atención privada. Siempre hemos considerado a la arquitecta Patricia como una persona responsable, honesta y comprometida con su trabajo, y hoy esa circunstancia económica de nuestra compañera no es la mejor, está pasando por una situación difícil y efectivamente no tuvo recursos para atender su defensa y tuvo que recurrir a la defensoría pública.

¿El exgobernador Graco Ramírez los abandonó? Sé que ha estado en comunicación con la familia y particularmente con algunos compañeros secretarios, lo ha hecho particularmente conmigo, no podría argumentar y decir que los ha abandonado.


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