Integrantes de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME), junto otras organizaciones civiles se manifestaron afuera de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya para exigir que se respeten los derechos de Uriel “N”, fiscal de Morelos.
Este martes 19 de septiembre se realizó la audiencia de vinculación a proceso del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), ahí llegaron decenas de personas para hacer presencia y señalar las irregularidades del proceso.
“No venimos en apoyo del fiscal, sino en apoyo de las instituciones, para decirle no a la intervención, no al ataque, no a la vulneración de los derechos, pero sobre todo no al intervencionismo en el estado de Morelos”, expresó Luis Ignacio Reyes Andraca.
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El litigante insistió en que estas acciones se volvieron una embestida por parte del Ejecutivo Estatal, para tomar el control de organismo e imponer a un fiscal que esté a modo de sus intereses.
“Lo que estamos viendo es que se está distrayendo los recursos de la administración de procuración de justicia para defender intereses personales, para defender al gobernador, para colocar a un fiscal a modo y para poder generar impunidad de todas las tropelías que han cometido”, agregó.
Reyes Andraca dijo que este actuar es ilegal y que atenta contra el organismo autónomo al cual se busca “destruir” desde un grupo político.
“Es impresionante como están haciendo las cosas ilegales, y es importante que la gente sepa que el estado de Morelos sepa, que el país y que el mundo entero sepa el tipo de gobierno que estamos viviendo, el ataque a las instituciones, el ataque a la división de poderes, y la destrucción de un organismo autónomo”, externó.
Por último, el abogado señaló que como parte de este ataque al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), las investigaciones en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo fueron detenidas por órdenes del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
Uriel “N” enfrenta cuatro procesos, tres de ellos en la Ciudad de México por delitos contra la administración y procuración de justicia, encubrimiento por favorecimiento, y feminicidio en calidad de auxiliar por el feminicidio de Ariadna Fernanda, así como uno más por tortura en contra de Luis Alberto Ibarra alias “El Diablo”.
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