“Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, declaró que es responsabilidad de los presidentes municipales de las poblaciones de Leonardo Bravo y de Heliodoro Castillo proponer una mesa de conciliación entre la Policía Ciudadana de Zumpango y Chichihualco con la policía comunitaria de Tlacotepec, para distender el ambiente de crispación en la zona y reestablecer el servicio público de transporte, aceptó que en la sierra existe confrontación de dos grupos armados; es necesario el dialogo para llegar a una solución”.
Los pobladores de Amacuzac, realizaron una marcha para exigir la liberación del presidente municipal electo Alfonso Miranda Gallegos, candidato del PT uno de los 3 partidos que nominaron al militante del PES, Cuauhtémoc Blanco al gobierno de Morelos y al fundador de Morena Andres Manuel Lopez Obrador a la presidencia, un grupo de abogados morelenses, aseguró que las imputaciones por delitos federales contra el “líder social” carecen de sustento y confían en que pronto será liberado.
La justicia social que prometieron quienes se involucraron en el proyecto electoral “Juntos Haremos Historia”, depende de la capacidad que sus gobiernos tengan para garantizar la tranquilidad en cada municipio y en cada Estado que gobernaran incluida la indispensable seguridad pública del país a partir del primer de diciembre.
El General Jorge Carrillo Olea, experto en seguridad nacional, fue el único responsable de la lucha contra el narcotráfico que no se involucró, como gobernador de Morelos impulsó dos proyectos que permitieron el arribo de grupos de alta peligrosidad desde Amado Carrillo “El señor de los Cielos” hasta los Beltrán Leyva, el más caótico fue la municipalización de las corporaciones policiacas, se abrió un vacío de gobierno que llenaron los rojos y los guerreros unidos, el otro fue entregar al congreso la designación del procurador, todos los aprobados por los 30 legisladores durante casi 20 años fracasaron.
Los grupos delincuenciales en todo el país han fortalecido sus estructuras, cuando inicio el gobierno en Guerrero de Héctor Astudillo, el Procurador Javier Olea aseguró que ahí existían 50 organizaciones criminales, están presentes las policías comunitarias, las ciudadanas y las que se le ocurran a los habitantes de cada localidad, lo que impide la presencia de las fuerzas estatales y las federales, por ejemplo en la sierra de Guerrero, no hay espacios donde puedan establecer un centro de operaciones las corporaciones federales incluidas las fuerzas armadas, lo que mantiene ausente al gobierno federal o estatal de las necesidades de seguridad pública de las zonas rurales.
Los grupos Defensores de los Derechos Humanos, jugaron un papel importante para frenar los excesos de las corporaciones policiacas en décadas anteriores, por una falta de proyecto, muchas terminaron privilegiando los derechos de los presuntos delincuentes sobre los de las víctimas, a grado tal que hoy un importante número de criminales son liberados por una supuesta “falta de méritos”, la votación del primero de julio fue de rechazo al sistema político y de reclamo por la inseguridad que existe en un importante número de poblaciones de todo el país, los niveles de inseguridad de Morelos son inferiores a los registrados en los estados de México, Guerrero y Oaxaca.
Desde el inicio del actual gobierno se trabajó en la construcción de un Mando Único que cumplió con 2 características, el uso de las nuevas tecnologías y los derechos de los trabajadores de la Comisión Estatal de Seguridad, existen pendientes que deben atenderse y debe reconocerse que dio mejores resultados que los proyectos que se implementaron en entidades vecinas, la declaración del Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero lo confirman.
