/ lunes 19 de agosto de 2019

Empresas fantasmas, un "fraude maestro"

Desde el Senado

Si bien la llamada Estafa Maestra es la acción fraudulenta más conocida y nombrada, son muchas otras las que en la administración del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se practicaron para desviar miles de millones de pesos para campañas electorales del PRI y para llenar los bolsillos de funcionarios federales y gobernadores priístas.

La Estafa Maestra operó a través dependencias que les pagaban a universidades públicas para hacer supuestos servicios, y las universidades, a cambio de una comisión, entregaban ese dinero a empresas fantasmas ilegales. “Su objetivo era desaparecer el dinero”.

Ya antes, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte había usado un mecanismo similar para financiar campañas de su partido, el PRI, y para hacer llegar dinero a su amigo, el presidente Peña Nieto.

Animal Político, fue medio de comunicación electrónico que dio a conocer, en septiembre de 2018, que “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista negra de empresas fantasma a 66 compañías que, presuntamente, se quedaron con 2 mil 273 millones de pesos del gobierno federal, gracias al esquema de desvío de recursos públicos documentado (un año antes) en la investigación La Estafa Maestra. Aquellas empresas simulaban operaciones comerciales, puesto que no tenían direcciones reales, ni infraestructura.

Como resultado de esa estafa, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, está hoy como reclusa en Santa Marta Acatitla acusada por la Fiscalía General de la República por presuntos desvíos de 5 mil 73 millones de pesos.

Mientras Rosario enfrenta este trance, por un desfalco similar, por la forma como se maniobró en la llamada ‘Operación Safiro, que dirigió Manlio Fabio Beltrones, éste avezado político priísta, disfruta de total libertad.

Con la Operación Safiro, se desviaron 650 millones de pesos de fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México para financiar campañas electorales priístas. En esta trama se utilizaron 12 empresas fantasma que a decir algunos testigos estaban “blindadas”, es decir, autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas no se practicó con la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno de la República. El 12 de julio de 2012 diversos partidos políticos opositores al PRI denunciaron que a través de empresas fantasmas se habían transferido fondos a la campaña presidencial de Peña Nieto a través del Banco Monex.

El mecanismo, aseguraron en aquel momento especialistas, “encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se excusó de confirmar la información, argumentando su obligación de proteger el secreto bancario.

Según esa denuncia, dos empresas fantasmas, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. También Alkino, otra empresa fantasma, financió con 66.3 millones de pesos al PRI con tarjetas Monex.

La constructora brasileña Odebrecht también utilizó a las empresas fantasmas como Blunderbuss Company que al menos entre 2009 y 2011, con un domicilio inexistente en Poza Rica, Veracruz, trianguló más de seis millones de dólares, que habría llegado a México en una operación distinta a los sobornos por 10 millones de dólares que se habían reconocido. El SAT, en abril pasado, investigaba una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss Company.

Las empresas fantasmas representan un grave problema económico y político para el país, por ello la semana pasada las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de Estudios Legislativos, primera, del Senado de la República aprobamos un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, referente a empresas fantasmas.

Con esta iniciativa del Senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, y quienes participamos en estas comisiones, nos proponemos a combatir “fraudes maestros”, a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal; enfrentar a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas, y a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

Si bien la llamada Estafa Maestra es la acción fraudulenta más conocida y nombrada, son muchas otras las que en la administración del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se practicaron para desviar miles de millones de pesos para campañas electorales del PRI y para llenar los bolsillos de funcionarios federales y gobernadores priístas.

La Estafa Maestra operó a través dependencias que les pagaban a universidades públicas para hacer supuestos servicios, y las universidades, a cambio de una comisión, entregaban ese dinero a empresas fantasmas ilegales. “Su objetivo era desaparecer el dinero”.

Ya antes, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte había usado un mecanismo similar para financiar campañas de su partido, el PRI, y para hacer llegar dinero a su amigo, el presidente Peña Nieto.

Animal Político, fue medio de comunicación electrónico que dio a conocer, en septiembre de 2018, que “el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista negra de empresas fantasma a 66 compañías que, presuntamente, se quedaron con 2 mil 273 millones de pesos del gobierno federal, gracias al esquema de desvío de recursos públicos documentado (un año antes) en la investigación La Estafa Maestra. Aquellas empresas simulaban operaciones comerciales, puesto que no tenían direcciones reales, ni infraestructura.

Como resultado de esa estafa, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, está hoy como reclusa en Santa Marta Acatitla acusada por la Fiscalía General de la República por presuntos desvíos de 5 mil 73 millones de pesos.

Mientras Rosario enfrenta este trance, por un desfalco similar, por la forma como se maniobró en la llamada ‘Operación Safiro, que dirigió Manlio Fabio Beltrones, éste avezado político priísta, disfruta de total libertad.

Con la Operación Safiro, se desviaron 650 millones de pesos de fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México para financiar campañas electorales priístas. En esta trama se utilizaron 12 empresas fantasma que a decir algunos testigos estaban “blindadas”, es decir, autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas no se practicó con la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno de la República. El 12 de julio de 2012 diversos partidos políticos opositores al PRI denunciaron que a través de empresas fantasmas se habían transferido fondos a la campaña presidencial de Peña Nieto a través del Banco Monex.

El mecanismo, aseguraron en aquel momento especialistas, “encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se excusó de confirmar la información, argumentando su obligación de proteger el secreto bancario.

Según esa denuncia, dos empresas fantasmas, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. También Alkino, otra empresa fantasma, financió con 66.3 millones de pesos al PRI con tarjetas Monex.

La constructora brasileña Odebrecht también utilizó a las empresas fantasmas como Blunderbuss Company que al menos entre 2009 y 2011, con un domicilio inexistente en Poza Rica, Veracruz, trianguló más de seis millones de dólares, que habría llegado a México en una operación distinta a los sobornos por 10 millones de dólares que se habían reconocido. El SAT, en abril pasado, investigaba una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss Company.

Las empresas fantasmas representan un grave problema económico y político para el país, por ello la semana pasada las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y de Estudios Legislativos, primera, del Senado de la República aprobamos un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, referente a empresas fantasmas.

Con esta iniciativa del Senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, y quienes participamos en estas comisiones, nos proponemos a combatir “fraudes maestros”, a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal; enfrentar a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas, y a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

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