Sin tratar de esconder las condiciones de las estaciones migratorias del país, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez reconoció, frente a los reporteros que le preguntaron sobre las circunstancias de dichos centros: “son deplorables”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido haciendo señalamientos de que en algunos de esos centros se padecen de chinches, hacinamiento y alimentos en mal estado, por lo que el propio gobierno destinará 60 millones de pesos del “Fondo Yucatán” para un nuevo modelo de estaciones migratorias.
El gobierno federal, a través del INM, está atendiendo una crisis de gran envergadura, compleja, sin poder ofrecer, lamentablemente, las condiciones ideales a los miles y miles de migrantes en todo el territorio nacional, sobre todo cuando las administraciones anteriores hicieron del INM no un organismo con mística de servicio, sino una “guarida de corrupción”.
El INM ha sido, al menos en las tres últimas décadas, un espacio para hacer dinero. Miles de migrantes son extorsionados por parte del personal de esta institución que, en complicidad con los llamados “polleros”, los engañan y roban el dinero que llevan para poder cruzar y sobrevivir en su objetivo de alcanzar el “sueño americano”.
Ardelio Vargas Fosado, quien dos meses después de su nombramiento como titular del INM por parte del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto “fue descalificado por organizaciones defensoras de migrantes por tener antecedentes policiacos”, y junto con funcionarios del instituto de estar metidos en redes de tráfico de personas y de trata en todo el país.
En noviembre de 2013 Ardelio Vargas quiso mostrarse como el Comisionado que iba a limpiar de corrupción al INM cuando destituyó a delegados “por haber abusado de menores y haber hecho negocios con migrantes”. Pero esa acción fue sólo una mascarada.
Al menos en dos trabajos periodísticos podemos ver el verdadero rostro de Vargas Fosado quien aprovechó su responsabilidad para “conseguir la forma de ganar dinero en abundancia al margen del cargo que ostentó luego de la invitación del presidente Enrique Peña Nieto, el hombre para quien ya había trabajado desde que éste era gobernador del Estado de México”.
Fernando Maldonado publicó, el 9 de agosto de 2018, un texto en el portal “e-Consulta” que tituló: “Herencias de Ardelio”, donde afirma que el funcionario “operó a través de un grupo de despachos, algunos de ellos bajo el mando de familiares en segundo grado, la forma de que inmigrantes de otras nacionalidades ingresaran a México con visa de trabajo”.
En su columna consideraba que “la herencia de un hombre como Ardelio Vargas, a quien se le había considerado un mando de élite que divino en pollero, facilitó el ingreso de un número incuantificable de migrantes a través de procesos simulados”.
Otro trabajo singular fue el que publicó María Idalia Gómez en el portal “Eje Central”, el 20 de junio pasado, que tituló: “El diagnóstico que se tenía”, donde precisa que “el primer diagnóstico profundo que se tuvo de la frontera sur de México se hizo a finales de los años 90. (y que) El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo elaboró, incluso con datos de las Fuerzas Armadas”.
Detalló que, de dicho diagnóstico, “se conocieron grupos criminales en ambos lados de la frontera, las condiciones económicas y de estabilidad política, las rutas de migración y las formas de corrupción, incluyendo los caciques que se beneficiaban del semiexclavismo al que se sometían a los migrantes, especialmente centroamericanos”.
La periodista detalla en su trabajo periodístico que en los últimos 18 años las redes de corrupción desde México no se tocaron y que, por contrario, “se fortalecieron, especialmente, en el último sexenio”, donde el INM fue clave y desde allí dos comisionados del gobierno de EPN, Ardelio Vargas y Gerardo García Benavente, “construyeron varias redes de corrupción, de acuerdo con información que se tiene en EU”.
Asegura que Vargas Fosado “tenía en el INM a 60 familiares trabajando; además estructuró diferentes redes y se cobraba a chinos, colombianos, centroamericanos y argentinos entre 10 y 50 mil pesos semestrales por darles trabajo y en el caso de legalización la suma se duplicaba o triplicaba dependiendo el país de origen”.
Frente a esta radiografía, es más que claro que el INM heredado de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador es un “cochinero”, una “estación de extorsionadores”, que cobran en dólares, que engañan a los migrantes, que juegan con sus sueños de llegar a los EU, y que ahora hay la decisión de limpiarla.
Por ello es interesante la propuesta del Comisionado Garduño cuando plantea, como en el caso de los reclusorios federales, que un organismo como la Asociación de Correccionales de América (ACA) que los certifica, una asociación internacional de migración certifique los albergues en el mundo, desde luego a los mexicanos también a partir de estándares internacionales a fin de homogenizar protocolos, normas y disciplinas al interior de las estaciones migratorias como en los penales federales.
