TSJ enfrenta rezago del 40% en casos por paro del Poder Judicial de la Federación

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, señaló que, debido al paro en el Poder Judicial de la Federación (PJF), existe un rezago del 40% en los casos del Poder Judicial local, ya que de cada diez casos, al menos siete cuentan con amparos.

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“Nosotros sí tenemos un rezago significativo. Creo que vendrán muchas resoluciones que tendremos que acatar de parte de los juzgados federales. Estamos hablando de un 40% de rezago en las resoluciones que están pendientes”.

Comentó que, una vez que se dio a conocer que este lunes 28 de octubre reanudarán labores, tras dos meses de paro por las protestas contra la reforma judicial, se espera que a finales de 2024 o principios de 2025 puedan regularizarse los casos atrasados.

“Esperamos que, al concluir el año, o a más tardar a inicios de 2025, estemos regularizándonos”, añadió.

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Explicó que, de cada diez casos, al menos siete cuentan con amparo, y la falta de resoluciones federales ha retrasado las resoluciones locales, particularmente en los casos de materia civil y familiar.

“El problema es que en muchos asuntos se nos ordena cumplir alguna sentencia por parte de los juzgados federales, y no hemos podido ejecutarlas. En materia civil o familiar, de cada diez expedientes, siete tienen un amparo que no se ha podido atender porque los juzgados federales no estaban operando. Estos siete asuntos llegarán de golpe y nos presionarán para cumplir en el menor tiempo posible”, agregó.

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Con respecto a la reforma judicial, Gamboa Olea afirmó que no están cerrados a la posibilidad de que esta se implemente en el estado, aunque aclaró que debe tener una justificación.

“Queremos que se celebre la reforma judicial para que se transformen algunas actitudes y circunstancias. Creo que lo que tenemos que comunicar a la gente es qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y en qué tiempos lo estamos realizando”.

Agregó: “No estamos cerrados a que venga un cambio o una modificación, pero también debe ser una reforma justificada, que promueva la independencia judicial y la autonomía financiera. No es posible que un solo juez tenga 700 asuntos a nivel familiar o civil; es inhumano”.