/ miércoles 26 de octubre de 2022

TSJ desatiende 18 casos de violencia vicaria

Exigen al Poder Judicial dar cumplimiento a sus compromisos ya que acusan dilación, y desatención en los procesos

“Me llamaron prostituta; me llamaron mala madre”, gritaron víctimas de violencia vicaria afuera del Poder Judicial ubicado en calle Francisco Leyva de Cuernavaca, en donde demandaron cumplimento a los compromisos por parte del órgano ya que acusan dilación, y desatención en los procesos que llevan con el fin de recuperar a sus hijos e hijas de manos de sus agresores.

Claudia Jiménez Santiago, integrante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, dijo que en el país son alrededor de mil 500 mujeres a quienes sus esposos o parejas les han arrebatado a sus menores sin que la justicia se los haya impedido; en el caso de Morelos son 18 los que se tienen denunciados pero podrían ser más.

“Venimos con sentimiento de tristeza al tener que manifestarnos para recordarle al magistrado presidente el compromiso que hizo con las madres el 26 de mayo en la Comisión de Derechos Humanos. Nuestros derechos son vulnerados al dejar a nuestros hijos con personas que son capaces de usarlos para lastimar a las madres”.

Tampoco, dijo, se ha discutido una legislación que castigue la violencia vicaria en Morelos, ya que es erróneo suponer que este es solo un pleito entre hombres contra mujeres por la custodia de los hijos “tampoco es cuestión de mujeres chillando por sus hijos desaparecidos”. En el país a penas son 7 entidades que han legislado.

Señaló que en esa lucha, existen casos en que las madres tardan hasta 11 años sin poder ver a sus hijos, incluso son llevados por el padre o la familia fuera del estado y del país, protegidos por la ausencia del delito de “sustracción de menores”. Acusaron que continúa la corrupción entre familiares y jueces quienes permiten que los menores sean llevados lejos del seno familiar.

“De los delitos que se denuncian, solamente el 1.3% alcanzan una resolución satisfactoria, la impunidad y la corrupción son problemas graves en el país, y la percepción de la violencia hacia las mujeres y la infancia es menor porque no lo ven así. Los menores son obligados a declarar contra su madre”.

Otro caso

Aridai Santoyo, platicó que tiene más de un año y medio que no ha visto a su hija quien en ese momento tenía un año 11 meses de vida. Su pareja se la llevó y su familia se ha dedicado a mentirle sobre el paradero de ambos.

“Al día de hoy no se si mi hija está viva, ella está completamente desaparecida al igual que su padre, tengo tres carpetas interpuestas por violencia familiar, desaparición de persona, que luego la reclasificaron”.

Acusó que su esposo la agredía físicamente, y no duda que la menor sea también sometida a malos tratos, cuando ha logrado una orden de aprehensión le piden que sea ella misma quien le notifique lo que resulta imposible cuando no se conoce su paradero.

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Claudia Jiménez Santiago, integrante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, dijo que en el país son alrededor de mil 500 mujeres a quienes sus esposos o parejas les han arrebatado a sus menores sin que la justicia se los haya impedido; en el caso de Morelos son 18 los que se tienen denunciados pero podrían ser más.

“Venimos con sentimiento de tristeza al tener que manifestarnos para recordarle al magistrado presidente el compromiso que hizo con las madres el 26 de mayo en la Comisión de Derechos Humanos. Nuestros derechos son vulnerados al dejar a nuestros hijos con personas que son capaces de usarlos para lastimar a las madres”.

Tampoco, dijo, se ha discutido una legislación que castigue la violencia vicaria en Morelos, ya que es erróneo suponer que este es solo un pleito entre hombres contra mujeres por la custodia de los hijos “tampoco es cuestión de mujeres chillando por sus hijos desaparecidos”. En el país a penas son 7 entidades que han legislado.

Señaló que en esa lucha, existen casos en que las madres tardan hasta 11 años sin poder ver a sus hijos, incluso son llevados por el padre o la familia fuera del estado y del país, protegidos por la ausencia del delito de “sustracción de menores”. Acusaron que continúa la corrupción entre familiares y jueces quienes permiten que los menores sean llevados lejos del seno familiar.

“De los delitos que se denuncian, solamente el 1.3% alcanzan una resolución satisfactoria, la impunidad y la corrupción son problemas graves en el país, y la percepción de la violencia hacia las mujeres y la infancia es menor porque no lo ven así. Los menores son obligados a declarar contra su madre”.

Otro caso

Aridai Santoyo, platicó que tiene más de un año y medio que no ha visto a su hija quien en ese momento tenía un año 11 meses de vida. Su pareja se la llevó y su familia se ha dedicado a mentirle sobre el paradero de ambos.

“Al día de hoy no se si mi hija está viva, ella está completamente desaparecida al igual que su padre, tengo tres carpetas interpuestas por violencia familiar, desaparición de persona, que luego la reclasificaron”.

Acusó que su esposo la agredía físicamente, y no duda que la menor sea también sometida a malos tratos, cuando ha logrado una orden de aprehensión le piden que sea ella misma quien le notifique lo que resulta imposible cuando no se conoce su paradero.

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