En el mes de octubre de 2019, fueron talados varios árboles en un predio del poblado de Tlaltenango para dar paso a la construcción de cuatro torres de departamentos.
En avenida Río Mayo, meses atrás, la distribuidora de autos Kia taló un árbol que se encontraba justo afuera de su fachada y le quitaba “visibilidad”.
Muy cerca de la residencia oficial del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, un emblemático árbol de la zona fue talado de manera despiadada. Con el paso de las horas y frente al cuestionamiento público, se dijo que el árbol estaba enfermo.
Sobre la Avenida Teopanzolco esquina Alta Tensión, un enorme árbol fue cortado sin razón aparente.
En Avenida Universidad, hace menos de dos meses se instaló la tienda “3B” y la historia se volvió a repetir, al menos tres árboles que estaban ahí fueron talados simple y sencillamente porque “afectaban” la vista de la fachada.
A finales del mes de noviembre, la agrupación Guardianes de los Árboles denunció que la empresa automotriz Volkswagen de Avenida Morelos-Sur realizó una poda excesiva a dos árboles que se encuentran dentro de sus instalaciones.
La ambientalista Flora Guerrero denunció que está prohibida la poda severa de árboles, ya que la normatividad establece que solo puede podarse el 30% de follaje de los árboles, y en el caso de los que se encontraban en la concesionaria, se trató de una poda total.
Las historias de tala de árboles en Cuernavaca se cuentan por decenas, y pese a ello, no hay un registro oficial de cuántos árboles se han perdido en los últimos tres años.
La activista Flora Guerrero, de la agrupación Guardianes de los Árboles reveló que cada mes podrían estarse talando unos 50 árboles, lo cierto es que no hay una cifra exacta, pero la práctica está en aumento.
Con base en el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Cuernavaca, cometen infracciones al ambiente quienes: “derriben, banqueen, talen, desmochen, poden o provoquen daños a cualquier especie arbórea o arbustiva tanto en el interior como en el exterior de su domicilio, salvo en caso justificado y con autorización expresa de la Dirección de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos, previa inspección realizada por inspectores especializados y Dictamen Técnico de ésta”.
Una vez que la secretaría Desarrollo Sustentable recibe una solicitud para realizar una poda, tala o banqueo, ordena una inspección, y posteriormente se define la autorización o no.
Las sanciones pueden ir desde las 300 UMAS hasta las 800 en caso de reincidencia. Y por una poda ilegal de 500 a 1,500 UMAS, es decir entre 43 mil y 129 mil pesos. Incluso se ha sancionado más a ciudadanos por podas ilegales que a empresas.
