/ lunes 22 de febrero de 2021

Suman 150 aspirantes a 6 magistraturas del TSJ

Denuncian participantes y observadores del proceso padrinazgos y tráfico de influencias

En medio de tráfico de influencias, recomendados y padrinazgos de diputados y funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo, concluyó este jueves con aproximadamente 150 aspirantes a ocupar una de las 6 magistraturas, cuatro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) la primer fase, de tres, de este proceso de designación que llevan a cabo los legisladores, denunciaron abogados litigantes que participan como aspirantes y como observadores.

Abogados que buscan poder tener la oportunidad de ser magistrados señalaron que, casualmente, para las dos magistraturas del TJA se registraron Tania Ulloa, esposa del magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz y la esposa del magistrado, Norberto Calderón, Judith González Díaz, lo que aseguraron, se presta como tráfico de influencias, además de que el mismo Rubén Jasso, con el visto bueno del gobernador Cuauhtémoc Blanco, está recomendando a su brazo derecho y socio en la universidad privada que tienen para que ocupe una de las magistraturas en el TSJ.

Todo ello luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecha en el mes de julio del año pasado, por la que seis magistrados del Poder Judicial del Estado, fueron cesados, luego de que habían reformado la constitución local para perpetuarse en el cargo por 20 años y no por el periodo de 14 años como estaba establecido, esto en la administración del perredista Graco Ramírez, que habría acordado dicha reforma con los diputados, presuntamente como "pago de favores y compromisos" según estimaron abogados penalistas, en su momento.

La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta en el año 2017, por Jorge Arturo Olivares Brito, en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el argumento jurídico de que dicho decreto violentaba el derecho del gremio de abogados y jueces al escalafón, a lo que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón.

Ahora, a siete meses de esa resolución de la SCJN, este pasado jueves culminó la primera fase de este proceso de designación, pero de acuerdo con los abogados -que pidieron guardar el anonimato-, los legisladores y funcionarios gubernamentales también tienen sus gallos.

Agregaron que ahora en los próximo días los diputados de la Junta Política y de Gobierno tendrán que llevar a cabo la pasarela o segunda fase que consiste en la comparecencia de los aspirantes, ante los legisladores de cada partido que conforman dicha junta para ser cuestionados y evaluados con el ensayo jurídico que les fue pedido con anticipación con un tema en materia jurídica para posteriormente pasar a la tercera fase que son las votaciones para elegir a los magistrados, al parecer según su capacidad y "recomendaciones o padrinazgos", insistieron en señalar los inconformes.

En medio de tráfico de influencias, recomendados y padrinazgos de diputados y funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo, concluyó este jueves con aproximadamente 150 aspirantes a ocupar una de las 6 magistraturas, cuatro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) la primer fase, de tres, de este proceso de designación que llevan a cabo los legisladores, denunciaron abogados litigantes que participan como aspirantes y como observadores.

Abogados que buscan poder tener la oportunidad de ser magistrados señalaron que, casualmente, para las dos magistraturas del TJA se registraron Tania Ulloa, esposa del magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz y la esposa del magistrado, Norberto Calderón, Judith González Díaz, lo que aseguraron, se presta como tráfico de influencias, además de que el mismo Rubén Jasso, con el visto bueno del gobernador Cuauhtémoc Blanco, está recomendando a su brazo derecho y socio en la universidad privada que tienen para que ocupe una de las magistraturas en el TSJ.

Todo ello luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecha en el mes de julio del año pasado, por la que seis magistrados del Poder Judicial del Estado, fueron cesados, luego de que habían reformado la constitución local para perpetuarse en el cargo por 20 años y no por el periodo de 14 años como estaba establecido, esto en la administración del perredista Graco Ramírez, que habría acordado dicha reforma con los diputados, presuntamente como "pago de favores y compromisos" según estimaron abogados penalistas, en su momento.

La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta en el año 2017, por Jorge Arturo Olivares Brito, en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el argumento jurídico de que dicho decreto violentaba el derecho del gremio de abogados y jueces al escalafón, a lo que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón.

Ahora, a siete meses de esa resolución de la SCJN, este pasado jueves culminó la primera fase de este proceso de designación, pero de acuerdo con los abogados -que pidieron guardar el anonimato-, los legisladores y funcionarios gubernamentales también tienen sus gallos.

Agregaron que ahora en los próximo días los diputados de la Junta Política y de Gobierno tendrán que llevar a cabo la pasarela o segunda fase que consiste en la comparecencia de los aspirantes, ante los legisladores de cada partido que conforman dicha junta para ser cuestionados y evaluados con el ensayo jurídico que les fue pedido con anticipación con un tema en materia jurídica para posteriormente pasar a la tercera fase que son las votaciones para elegir a los magistrados, al parecer según su capacidad y "recomendaciones o padrinazgos", insistieron en señalar los inconformes.

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