El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Guillermo Arroyo Cruz indicó que solamente suman 30 quejas por parte de los ciudadanos que consideraron que hubo presuntas irregularidades en el operativo Conduce Sin Alcohol, que se aplica en el municipio de Cuernavaca.
Arroyo Cruz señaló que con base en su experiencia del operativo que se realizó en Jiutepec, cerca del 80 por ciento de estas denuncias son resueltas a favor de los ciudadanos.
“La parte débil es que la mayoría de las actas de infracción es que están mal llenadas, y eso significa, desde el punto de vista técnico jurídico mal motivadas, entonces eso trae consecuencias”, explicó.
Arroyo Cruz refirió que en los primeros quince días del mes de marzo se sumaron entre diez y doce quejas presentadas ante el organismo, únicamente contra el operativo montado en Cuernavaca.
Agregó que las y los quejosos demandaron la nulidad de la boleta de infracción, al considerar que el llenado por parte de los elementos no es correcto.
"Demandan la nulidad de la infracción porque dicen que está indebidamente fundada o indebidamente motivada el llenado de la boleta y entonces demandan que se elimine esa infracción", dijo Arroyo Cruz.
Mencionó que, en Jiutepec es donde se emitieron ya varias resoluciones y la mayoría se dieron a favor de los ciudadanos, puesto que uno de los puntos débiles del operativo es el llenado incorrecto de las boletas por parte de los agentes infractores.
Arroyo Cruz señaló que, las y los quejosos exigen que les devuelvan sus vehículos, los cuales son remitidos al corralón, luego de que no pasaran la prueba al rebasar el límite de alcohol para conducir, que es de 0.8 gramos por litro en la sangre.
Incluso, las personas que ya pagaron buscan que se les devuelva el dinero invertido por conceptos de la multa, del arrastre y el mismo corralón, que en total es de entre ocho mil y diez mil pesos.
Por último, informó que debido al proceso que realizan en la resolución de estas denuncias, la sentencia final puede ser emitida en aproximadamente tres o cuatro meses, lo que quiere decir que, a finales del mes de abril y principios de mayo, el pleno del tribunal podría estar desahogando los primeros proyectos de resolución.
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