/ miércoles 9 de septiembre de 2020

Reprobados: Graves deficiencias en centros de detención municipales

Solo seis municipios obtuvieron una calificación satisfactoria, el más alto fue Jiutepec, seguido por Mazatepec y Temoac

Raúl Israel Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos (CDHM) dio a conocer los resultados de los centros de detención municipales.

Solo seis municipios obtuvieron una calificación satisfactoria, el más alto fue Jiutepec, seguido por Mazatepec y Temoac. Nueve municipios con calificación regular y lo grave que 21 reprobaron y el más negativo, Cuernavaca.

El ombudsman señaló que se dieron a la tarea de hacer un ejercicio profesional, objetivo, de tal modo que se pudiera revelar y evidenciar lo que prevalece en los centros de arrestos y retención.

Es un programa de inspección y vigilancia permanente que desarrolla la CDHM, a través del cual se supervisa todo centro de arresto administrativo en los 36 municipios de la entidad, así como en los módulos de reclusión de la Fiscalía General del Estado de Morelos con sus respectivas oficinas regionales, para así determinar en qué medida se respetan los derechos humanos en cada uno de estos centros.

Los aspectos que se evaluaron son: estancia digna, medidas para salvaguardar la integridad de la persona recluida, debido proceso y medidas para Covid-19.

En total nueve municipios obtuvieron una calificación regular; Tepoztlán, Jantetelco, Tlaquiltenango, Zacualpan de Amilpas, Tlaltizapan, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temixco y Tetela del Volcán.

Raúl Israel Hernández, dijo que lo más alarmante es que 21 municipios de 36 que hay en la entidad, resultaron reprobados; en esta lista, Cuernavaca fue el municipio que obtuvo la más baja calificación con 3.3.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, los espacios consiguieron una calificación regular y podría tener como justificación el presupuesto, pero sin duda, consideró que deben de mejorar.

En cuanto a la calificación por municipios, en el rubro de estancia digna, el 75 por ciento de los municipios reprobó y el 25 por ciento apenas logró tener una calificación aprobatoria. En cuanto a las medidas para salvaguardar la integridad física de la persona infractora, el 64 por ciento reprobó; el 25 por ciento apenas consiguió una calificación aprobatoria, mientras que el 11 por ciento aprobó.

Por otra parte, en el rubro de debido proceso el 6 por ciento reprobó; el 25 por ciento apenas consiguió una calificación aprobatoria y el 69 por ciento aprobó. En cuanto medidas por Covid-19, en el 50 por ciento de los municipios se han implementado medidas de manera óptima, en el 33 por ciento sólo en alguna medida y en el 17 por ciento restante se han implementado medidas de forma deficiente.

Lo que resulta en una calificación promedio estatal de 5.62, con seis municipios aprobados, nueve que apenas alcanzan una calificación aprobatoria y 21 que reprobaron.

Hernández Cruz destacó que en ningún caso la violación a un derecho fundamental se puede justificar por falta de presupuesto; “yo lo que siempre he insistido tanto en el caso de los penales y ahora lo vamos hacer con los centros de arresto y retención, es que estén al cien por ciento, intentamos que este trabajo se asimile como una herramienta para mejorar, para que exista un principio de progreso como lo dice el artículo primero constitucional”.



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Raúl Israel Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos (CDHM) dio a conocer los resultados de los centros de detención municipales.

Solo seis municipios obtuvieron una calificación satisfactoria, el más alto fue Jiutepec, seguido por Mazatepec y Temoac. Nueve municipios con calificación regular y lo grave que 21 reprobaron y el más negativo, Cuernavaca.

El ombudsman señaló que se dieron a la tarea de hacer un ejercicio profesional, objetivo, de tal modo que se pudiera revelar y evidenciar lo que prevalece en los centros de arrestos y retención.

Es un programa de inspección y vigilancia permanente que desarrolla la CDHM, a través del cual se supervisa todo centro de arresto administrativo en los 36 municipios de la entidad, así como en los módulos de reclusión de la Fiscalía General del Estado de Morelos con sus respectivas oficinas regionales, para así determinar en qué medida se respetan los derechos humanos en cada uno de estos centros.

Los aspectos que se evaluaron son: estancia digna, medidas para salvaguardar la integridad de la persona recluida, debido proceso y medidas para Covid-19.

En total nueve municipios obtuvieron una calificación regular; Tepoztlán, Jantetelco, Tlaquiltenango, Zacualpan de Amilpas, Tlaltizapan, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Temixco y Tetela del Volcán.

Raúl Israel Hernández, dijo que lo más alarmante es que 21 municipios de 36 que hay en la entidad, resultaron reprobados; en esta lista, Cuernavaca fue el municipio que obtuvo la más baja calificación con 3.3.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, los espacios consiguieron una calificación regular y podría tener como justificación el presupuesto, pero sin duda, consideró que deben de mejorar.

En cuanto a la calificación por municipios, en el rubro de estancia digna, el 75 por ciento de los municipios reprobó y el 25 por ciento apenas logró tener una calificación aprobatoria. En cuanto a las medidas para salvaguardar la integridad física de la persona infractora, el 64 por ciento reprobó; el 25 por ciento apenas consiguió una calificación aprobatoria, mientras que el 11 por ciento aprobó.

Por otra parte, en el rubro de debido proceso el 6 por ciento reprobó; el 25 por ciento apenas consiguió una calificación aprobatoria y el 69 por ciento aprobó. En cuanto medidas por Covid-19, en el 50 por ciento de los municipios se han implementado medidas de manera óptima, en el 33 por ciento sólo en alguna medida y en el 17 por ciento restante se han implementado medidas de forma deficiente.

Lo que resulta en una calificación promedio estatal de 5.62, con seis municipios aprobados, nueve que apenas alcanzan una calificación aprobatoria y 21 que reprobaron.

Hernández Cruz destacó que en ningún caso la violación a un derecho fundamental se puede justificar por falta de presupuesto; “yo lo que siempre he insistido tanto en el caso de los penales y ahora lo vamos hacer con los centros de arresto y retención, es que estén al cien por ciento, intentamos que este trabajo se asimile como una herramienta para mejorar, para que exista un principio de progreso como lo dice el artículo primero constitucional”.



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