/ viernes 8 de octubre de 2021

La cárcel número siete de Morelos estará en Cuauhnáhuac

La Fiscalía General de la República entregó en comodato el inmueble a la Comisión Estatal de Seguridad para que sea un centro penitenciario

Muy probablemente, a inicio del 2022 lo que una vez fue el Centro de Arraigo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Morelos, se convierta en la cárcel número siete en el Estado de Morelos, pues hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en comodato el inmueble a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para ese fin.

El lugar que se encuentra a un costado de la delegación de la FGR, en la colonia Flores Magón de Cuernavaca, en el entronque del bulevar Cuauhnáhuac con el Paso Exprés, fue construido a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón junto con la nueva sede de la PGR que durante años estuvo en la colonia Chipitlán.

Pero ese espacio nunca fue ocupado para lo que fue construido, pues jamas se arraigo a alguna persona en ese sitio y permaneció tres años desocupado, así que en 2015 fue entregado en comodato a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, para ser ocupado como la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) a partir de abril de ese año.

Con la construcción de la nueva sede de la UECS en la avenida Emiliano Zapata de la capital morelense, mejor conocido como “Base Zapata”, el Centro de Arraigo quedará nuevamente vacío, así que la CES solicitó que fuera habilitado como un centro penitenciario y la petición fue aprobada pues el inmueble tiene todas las características para funcionar como tal.

El Coordinador de Reinserción Social en la Entidad, Jorge Israel Ponce de León, informó que el sitio ya esta siendo adecuado para que en cuanto este listo pueda ser utilizado para una capacidad de entre 800 a mil reclusos.

“Teniendo ya el Centro de Arraigo habilitado la sobre población ya no va a existir, ya estamos trabajando en eso aunque aun no hay una fecha definida por el tema del presupuesto y la Federación, pero será hasta el próximo año”.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Morelos, el penal de Atlacholoaya tiene una capacidad de mil 997 personas y actualmente existen dos mil 276 en el área varonil; en el centro de reinserción femenil este fue diseñada para 130 reclusas y hay 181.

La cárcel distrital de Cuautla tiene espacio para 221 y actualmente alberga a 634; la de Jojutla tiene capacidad para 156 y existen 477; mientras que la de Jonacatepec tiene espacio para 84 y se encuentran 70; en tanto que el Centro de Ejecuciones de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) hay espacio para 144 menores de edad, pero solo se encuentran 93.

Morelos contaba en el pasado con ocho penitenciarias, pues además de las ya mencionadas, existía una en Tetecala y otra más en Puente de Ixtla que fueron clausuradas en el sexenio pasado. El proyecto contemplaba construir una cárcel de sentenciados en Yecapixtla, pero la administración anterior solo compró el terreno a un precio excesivo, de acuerdo con las indagatorias del actual Gobierno.

Ese plan nunca fue retomado y el predio continua siendo propiedad del Estado, aunque no se ha ocupado desde entonces.



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Muy probablemente, a inicio del 2022 lo que una vez fue el Centro de Arraigo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Morelos, se convierta en la cárcel número siete en el Estado de Morelos, pues hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en comodato el inmueble a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para ese fin.

El lugar que se encuentra a un costado de la delegación de la FGR, en la colonia Flores Magón de Cuernavaca, en el entronque del bulevar Cuauhnáhuac con el Paso Exprés, fue construido a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón junto con la nueva sede de la PGR que durante años estuvo en la colonia Chipitlán.

Pero ese espacio nunca fue ocupado para lo que fue construido, pues jamas se arraigo a alguna persona en ese sitio y permaneció tres años desocupado, así que en 2015 fue entregado en comodato a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, para ser ocupado como la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) a partir de abril de ese año.

Con la construcción de la nueva sede de la UECS en la avenida Emiliano Zapata de la capital morelense, mejor conocido como “Base Zapata”, el Centro de Arraigo quedará nuevamente vacío, así que la CES solicitó que fuera habilitado como un centro penitenciario y la petición fue aprobada pues el inmueble tiene todas las características para funcionar como tal.

El Coordinador de Reinserción Social en la Entidad, Jorge Israel Ponce de León, informó que el sitio ya esta siendo adecuado para que en cuanto este listo pueda ser utilizado para una capacidad de entre 800 a mil reclusos.

“Teniendo ya el Centro de Arraigo habilitado la sobre población ya no va a existir, ya estamos trabajando en eso aunque aun no hay una fecha definida por el tema del presupuesto y la Federación, pero será hasta el próximo año”.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Morelos, el penal de Atlacholoaya tiene una capacidad de mil 997 personas y actualmente existen dos mil 276 en el área varonil; en el centro de reinserción femenil este fue diseñada para 130 reclusas y hay 181.

La cárcel distrital de Cuautla tiene espacio para 221 y actualmente alberga a 634; la de Jojutla tiene capacidad para 156 y existen 477; mientras que la de Jonacatepec tiene espacio para 84 y se encuentran 70; en tanto que el Centro de Ejecuciones de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) hay espacio para 144 menores de edad, pero solo se encuentran 93.

Morelos contaba en el pasado con ocho penitenciarias, pues además de las ya mencionadas, existía una en Tetecala y otra más en Puente de Ixtla que fueron clausuradas en el sexenio pasado. El proyecto contemplaba construir una cárcel de sentenciados en Yecapixtla, pero la administración anterior solo compró el terreno a un precio excesivo, de acuerdo con las indagatorias del actual Gobierno.

Ese plan nunca fue retomado y el predio continua siendo propiedad del Estado, aunque no se ha ocupado desde entonces.



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