Durante los últimos años, algunos Ayuntamientos en Morelos habían estado recurriendo a los amparos de la justicia federal para evadir las sentencias de pago que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por despidos injustificados de trabajadores, cancelación de contratos entre otros.
En un corto tiempo llegaron hasta tramitar 15 de estos recursos argumentando falta de recursos económicos, pero en ciertos casos no se les concedió la razón y el proceso continuó en su contra.
“Pero la estadística actual de esos tramites de amparo permite ver que la justicia les ha negado entre un 80 a un 85 por ciento la protección constitucional, tratándose de ejecución de sentencias”, destacó el magistrado del TJA, Martín Jasso Díaz.
Es entonces que las actuales autoridades y los nuevos alcaldes, así como regidores, deberán “actuar con inteligencia de reingeniería institucional, lo vuelvo a subrayar, para tratar de enfrentar esos temas”, mencionó.
“En general en el Tribunal podemos hablar de varios municipios de la región oriente y de la sur, que son los que tienen mayor problema en cuanto a las ejecuciones de sentencia; al menos son unos 10 municipios, cinco por cada zona”.
Mencionó que existen casos donde las autoridades han logrado avanzar en el tema como Jiutepec y Cuautla, pero otros donde, por el contrario, han agravado su situación.
“Cumplir y dialogar esa es una forma de hacerlo. Tener la dimensión de la conciliación, de la mediación. Varios de ellos han paleado su situación y han tratado de cumplir, pero otros no tienen voluntad”.
Otros tienen las intenciones pero el adeudo es demasiado como el caso de Puente de Ixtla en donde se deben alrededor de 400 millones de pesos, por lo que en ese municipio, la nueva virtual alcaldesa, Claudia Mazari Torres, enfrentará un gran reto.
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