/ jueves 23 de enero de 2020

Cuando la discriminación se vuelve linchamiento

Mientras vendía tacos fue acusado de violación, aunque le liberaron tres horas después, el daño estaba hecho

"Estaba yo vendiendo tacos con mi esposa". Así inicia el relato de Rodrigo. En las siguientes horas, Rodrigo Rojas, un joven de 32 años, de rostro moreno y empañado, pasó de vender tacos a ser casi linchado, después de que una vecina lo acusara de intentar abusar de una menor. Rodrigo pensó que su vida había llegado hasta ahí.

Vi cómo las patrullas venían bajando y escuché que una señora gritó que al fondo de la calle había una niña en una malla ciclónica; se acercaron y me dijeron que si les permitía unas palabras, recuerda.

Rojas, padre de un niño de cuatro años, esposo y yerno, fue detenido y llevado a los separos de la comandancia de Ayala, municipio al que pertenece su comunidad, el barrio de San Juan de la Unidad Habitacional "Mariano Matamoros", un conjunto de viviendas venidas a menos ubicado entre la carretera México-Oaxaca y el centro penitenciario federal de la región. Rodrigo, quien recuperó su libertad tres horas después de la detención sin que alguien presentara pruebas para inculparlo, cree que todo se debió a su apariencia:

"Yo me paro junto a ti y, ¿de quién desconfían más? De mí, ¿no? La verdad, vamos a ser honestos", dice hoy entre risas, aunque hace sólo dos días los sucesos pudieron terminar en una tragedia: de acuerdo con su relato, al día siguiente de recuperar la libertad, los vecinos, inconformes con ello, habrían amenazado a su familia con quemar su casa con gasolina. Fueron momentos de tensión. La policía tuvo que intervenir nuevamente para escoltarlos fuera de casa. Y hoy su familia ha iniciado una denuncia por las amenazas que recibieron.


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El problema de la Mariano Matamoros

De acuerdo con Isaac Pimentel Mejía, presidente municipal de Ayala, una de las características principales de esta zona del municipio es el conflicto que viven sus pobladores por la ocupación irregular de predios construidos en una reserva territorial. Sin embargo, el alcalde sostiene que la seguridad de la localidad es un tema que corresponde a la Comisión Estatal de Seguridad (CES):

La seguridad ya no está a cargo de nosotros, operativamente la maneja la CES, argumenta.

En efecto: la familia de Rodrigo reconoce que la casa en la que vivían hasta hace tres días, y a la que no han vuelto desde que se registrara el intento de linchamiento, no es de su propiedad. Por su parte, María del Pilar Rodríguez, ayudante municipal de la Mariano Matamoros, sostiene que la reacción de los vecinos se debió a su oposición a que lleguen personas de otras partes a habitar las viviendas vacías. No obstante, reconoció que en este caso en particular no hubo quien presentara pruebas para vincular al joven con el probable abuso hacia la menor.

La presunción de inocencia

Adoptado por el nuevo sistema penal acusatorio, el cual entró en vigor en Morelos en 2008, el principio de presunción de inocencia es un término que muchas personas siguen desconociendo. Básicamente, establece que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, René Alderete Vique, representante regional de Foro Morelense de Abogados, aclara que el trabajo de realizar esta demostración, con base en una investigación, es el ministerio público y no los ciudadanos:

El principio tiene que ser asumido por las autoridades, no tanto por la sociedad; la importancia sería que los ciudadanos tengan la obligación de dar la información verídica sin tomar la justicia por propia mano, porque eso también está penado, nadie puede hacerlo, explica el abogado.

"Estaba yo vendiendo tacos con mi esposa". Así inicia el relato de Rodrigo. En las siguientes horas, Rodrigo Rojas, un joven de 32 años, de rostro moreno y empañado, pasó de vender tacos a ser casi linchado, después de que una vecina lo acusara de intentar abusar de una menor. Rodrigo pensó que su vida había llegado hasta ahí.

Vi cómo las patrullas venían bajando y escuché que una señora gritó que al fondo de la calle había una niña en una malla ciclónica; se acercaron y me dijeron que si les permitía unas palabras, recuerda.

Rojas, padre de un niño de cuatro años, esposo y yerno, fue detenido y llevado a los separos de la comandancia de Ayala, municipio al que pertenece su comunidad, el barrio de San Juan de la Unidad Habitacional "Mariano Matamoros", un conjunto de viviendas venidas a menos ubicado entre la carretera México-Oaxaca y el centro penitenciario federal de la región. Rodrigo, quien recuperó su libertad tres horas después de la detención sin que alguien presentara pruebas para inculparlo, cree que todo se debió a su apariencia:

"Yo me paro junto a ti y, ¿de quién desconfían más? De mí, ¿no? La verdad, vamos a ser honestos", dice hoy entre risas, aunque hace sólo dos días los sucesos pudieron terminar en una tragedia: de acuerdo con su relato, al día siguiente de recuperar la libertad, los vecinos, inconformes con ello, habrían amenazado a su familia con quemar su casa con gasolina. Fueron momentos de tensión. La policía tuvo que intervenir nuevamente para escoltarlos fuera de casa. Y hoy su familia ha iniciado una denuncia por las amenazas que recibieron.


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En efecto: la familia de Rodrigo reconoce que la casa en la que vivían hasta hace tres días, y a la que no han vuelto desde que se registrara el intento de linchamiento, no es de su propiedad. Por su parte, María del Pilar Rodríguez, ayudante municipal de la Mariano Matamoros, sostiene que la reacción de los vecinos se debió a su oposición a que lleguen personas de otras partes a habitar las viviendas vacías. No obstante, reconoció que en este caso en particular no hubo quien presentara pruebas para vincular al joven con el probable abuso hacia la menor.

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El principio tiene que ser asumido por las autoridades, no tanto por la sociedad; la importancia sería que los ciudadanos tengan la obligación de dar la información verídica sin tomar la justicia por propia mano, porque eso también está penado, nadie puede hacerlo, explica el abogado.

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