/ domingo 29 de noviembre de 2020

A proceso el 99% de exfuncionarios imputados por “pensiones doradas”

Imputados presentaron documentos expedidos de forma irregular por parte de diferentes ayuntamientos

El fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, confirmó que el 99 por ciento de las personas que han sido imputadas por las denominadas "pensiones doradas" han sido vinculadas a proceso; garantizando cuentan con los datos suficientes para revocarlas a través de este mecanismo jurídico.

La semana pasada la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local informó que de las más de 47 denuncias penales interpuestas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por las “jubilaciones doradas” otorgadas a extrabajadores del gobierno de Graco Ramírez y la pasada Legislatura, 32 se han integrado y 15 se han judicializado.

Al ser cuestionado, el fiscal refirió que cuentan con bastantes datos de prueba que sustentan, en su mayoría, que dichos derechos se les fueron entregados con documentación apócrifa, particularmente por ayuntamientos de la entidad, acreditando al día de hoy estás personas no laboraron en las comunas y por ende serían acreedoras a sanciones penales. “Tenemos la seguridad de que en un cien por ciento vamos a obtener sentencias condenatorias, para las formulaciones de imputación tenemos un 99 por ciento de avance, solo en un caso no se vinculó a proceso”, insistió el fiscal Juan Salazar Núñez.

Previo a terminar su último periodo ordinario de sesiones, la pasada legislatura aprobó jubilaciones doradas para una serie de funcionarios y esposas de los mismos diputados con altos sueldos, que de acuerdo al diputado presidente de la Comisión del Trabajo, José Casas González, van desde los 20 hasta los 90 mil pesos mensuales.

En marzo de 2019 la actual legislatura comenzó su cancelación y presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haber incurrido en violaciones a la ley, al presentar documentación falsa; no obstante, la justicia federal dio revés a los procedimientos que se aprobaron el año pasado y amparó a los exfuncionarios beneficiados; fue así como la ahora Comisión del Trabajo ha iniciado una ruta jurídica para revocar definitivamente las pensiones pero además vincularlos a proceso.

El fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, confirmó que el 99 por ciento de las personas que han sido imputadas por las denominadas "pensiones doradas" han sido vinculadas a proceso; garantizando cuentan con los datos suficientes para revocarlas a través de este mecanismo jurídico.

La semana pasada la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local informó que de las más de 47 denuncias penales interpuestas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por las “jubilaciones doradas” otorgadas a extrabajadores del gobierno de Graco Ramírez y la pasada Legislatura, 32 se han integrado y 15 se han judicializado.

Al ser cuestionado, el fiscal refirió que cuentan con bastantes datos de prueba que sustentan, en su mayoría, que dichos derechos se les fueron entregados con documentación apócrifa, particularmente por ayuntamientos de la entidad, acreditando al día de hoy estás personas no laboraron en las comunas y por ende serían acreedoras a sanciones penales. “Tenemos la seguridad de que en un cien por ciento vamos a obtener sentencias condenatorias, para las formulaciones de imputación tenemos un 99 por ciento de avance, solo en un caso no se vinculó a proceso”, insistió el fiscal Juan Salazar Núñez.

Previo a terminar su último periodo ordinario de sesiones, la pasada legislatura aprobó jubilaciones doradas para una serie de funcionarios y esposas de los mismos diputados con altos sueldos, que de acuerdo al diputado presidente de la Comisión del Trabajo, José Casas González, van desde los 20 hasta los 90 mil pesos mensuales.

En marzo de 2019 la actual legislatura comenzó su cancelación y presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haber incurrido en violaciones a la ley, al presentar documentación falsa; no obstante, la justicia federal dio revés a los procedimientos que se aprobaron el año pasado y amparó a los exfuncionarios beneficiados; fue así como la ahora Comisión del Trabajo ha iniciado una ruta jurídica para revocar definitivamente las pensiones pero además vincularlos a proceso.

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