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Polémicas nominaciones de Trump para su gabinete

  • Carmen Flores / Corresponsal
  • en Mundo

WASHINGTON, D.C. (OEM-Informex).- Donald Trump, el presidente
electo de Estados Unidos, nominará al senador federal por el
Estado de Alabama, Jeff Sessions, como procurador general de
Justicia, y al representante federal por el Estado de Kansas, Mike
Pompeo, como el nuevo jefe de los servicios de espionaje.

La noticia de estas dos nominaciones confirmó lo que ya se
venía especulando, que Trump para los puestos de su gabinete de
seguridad colocaría a personajes de línea dura. A la nominación
de Sessions y Pompeo se suma la del general retirado, Michael T.
Flynn, quien es propuesto como asesor de Seguridad Nacional.

En el Capitolio las propuestas de Trump fueron tomadas como
acciones claras para imponer una línea conservadora y parcial en
el Departamento de Justicia y en la Agencia Central de Inteligencia
(CIA), tomando en cuenta que Sessions tiene en su historial un
pasado racista, su oposición a cualquier reforma migratoria
integral y la propagación de políticas aislacionistas y
conservadoras respecto a los derechos civiles, el aborto y los
derechos de los homosexuales, entre otros temas.

Sessions en 1986 fue propuesto por el entonces presidente Ronald
Reagan como juez federal, pero la Cámara de Senadores, dominada
por los republicanos, lo rechazó ante las evidencias de que el
ahora senador federal utilizó un lenguaje racista para discriminar
y minimizar a un joven abogado afroamericano.

El próximo procurador general de justicia de Estados Unidos fue
también un promotor y seguidor del Ku Klux Klan.

Tanto Sessions como Pompeo y Flynn, apoyaron incondicionalmente
a Trump durante toda su campaña presidencial y lo respaldaron en
propuestas como la de deportar de Estados Unidos a los 11 millones
de indocumentados y construir la barda en la frontera con
Mexico.

“Jeff es ampliamente admirado por académicos y virtualmente
por todos quienes lo conocen”, indicó Trump en una declaración
por escrito, para oficializar las nominaciones.

Respecto a Pompeo, el presidente electo apuntó que el
representante federal por Kansas será su aliado en “la lucha
para derrotar al terrorismo radical islámico” y será un gran
guía de los sistemas de inteligencia en los retos geopolíticos
que enfrentan.

En su Penthouse en Nueva York, en uno de sus edificios en
Manhattan, Trump continuó reuniéndose con varios posibles
candidatos a integrar su gabinete, entre estos, Mitt Romney, uno de
sus críticos y quien fuera candidato presidencial republicano y
gobernador de Massachusetts. Romney se menciona como un posible
contendiente para el puesto de secretario de Estado.

Al mismo tiempo, la oficina del procurador general de Justicia
de Nueva York, informó que el presidente electo aceptó pagar 25
millones de dólares en daños y perjuicios a sus demandantes, el
caso de su ahora extinta Universidad.

Las demandas de fraude contra el ahora presidente electo, fueron
uno de los temas más álgidos durante su campaña presidencial,
primero, para ganar la nominación republicana, y después frente a
su contrincante, la demócrata Hillary Rodham Clinton.

La oficina del procurador general de Nueva York apuntó que el
“acuerdo” se logró entre los abogados de Trump y los
demandantes, luego de aceptar la compensación económica que
ofreció la parte acusada para solventar el caso “fuera de la
Corte”.

El arreglo se logró 10 días antes de que el caso de la demanda
de fraude contra la Universidad Trump, se llevara ante una Corte
Federal en San Diego, donde un Gran Jurado se preparaba para
recibir el caso. Con el pago de los 25 millones de dólares, el
presidente electo evita ser llamado a presentarse como testigo ante
un juez, y ser cuestionado sobre la demanda en su contra.

El pago de los 25 millones de dólares, fue inmediatamente
calificado como “la primera concesión” que hace Trump ante
unos demandantes, tomando en cuenta que como empresario y frente a
pleitos legales siempre optó por recurrir hasta los últimos
procedimientos judiciales para defender sus posturas y evitar
desembolsar millones de dólares en compensaciones por daños.

Las demandas contra la Universidad que creó el presidente
electo, sostenían que las víctimas fueron defraudados al pagar
miles de dólares en colegiaturas para recibir asignaturas que
“prometían un futuro brillante en el sector empresarial”, y
que resultaron ser absolutamente un fiasco.

Durante la campaña presidencial, Trump descartó a los
demandantes, asegurando que era una conspiración en su contra para
interferir en su aspiración política, por lo que prometió llegar
hasta las últimas consecuencias en las cortes y derrotarlos.

Después de las elecciones presidenciales del pasado 8 de
noviembre de las que Trump resultó ganador, su abogado que lo
representaba en el caso, Daniel Petrocelli, comunicó a la parte
acusadora de que su cliente buscaba llegar a un arreglo
económico.

Dos de las demandas se presentaron al juez federal de origen
mexicano, Gonzalo Curiel, y fueron lema de campaña presidencial
por parte de Trump.

Al hablar del caso del fraude de la Universidad Trump, el ahora
presidente electo dijo que el juez Curiel debería abandonar el
caso, porque al ser mexicano estaba siendo parcial en su juicio,
tomando en cuenta que el entonces candidato republicano prometía
que de ganar la Casa Blanca construiría un muro a lo largo de la
frontera con México, que además pagaría el Gobierno
mexicano.

La Universidad Trump se abrió en 2004 y solo duró hasta el
año 2010, luego de que los estudiantes que se inscribieron
denunciaron la inservilidad de los cursos que recibían sobre
inversiones, desarrollo empresarial, administración de empresas y
manejo de bienes raíces. La Universidad Trump ofrecía un curso
especial por 35 mil dólares, al estudiante que pagara por él para
poder tener acceso a los “secretos” de su fundador y con ello
poder homologarlo para convertirse en multimillonarios.

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