/ viernes 10 de mayo de 2024

Alto Comisionado de la ONU pide a políticos respetar a madres buscadoras

Alto Comisionado de la ONU señaló que para las madres buscadoras el 10 de mayo es una fecha tiene un significado distinto

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a los actores políticos de todas las fuerzas abrir su atención y respeto a las madres buscadoras, así como plantear políticas públicas con las que el Estado atienda la crisis de desaparición en México.

En el marco del Día de las Madres y en vísperas de las elecciones del 2 de junio, la Oficina de la ONU-DH Alto Comisionado señaló en un comunicado que para las madres buscadoras esta fecha tiene un significado distinto, pues ellas requieren “respuestas puntuales, tangibles, certeras e impostergables”.

Además de reconocer la tenacidad y el amor con que actúan, el comunicado señala que las madres buscadoras tienen derecho a participar en los procesos de búsqueda, investigación, memoria y reparación. Igualmente resaltó que “resulta crucial garantizar plenamente los derechos de las madres buscadoras a la seguridad y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México estima que existen más de 90 colectivos de búsqueda de personas integrados por familias que persiguen el rastro de alguno de sus integrantes.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que actualmente hay 116 mil 300 personas de quienes se desconoce su paradero. A esto se suma una crisis forense de al menos 52 mil cuerpos sin identificar.

Ayer, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió a los partidos políticos responsabilizarse en sus funciones públicas más allá de coyunturas electorales. por lo que demandó que los procesos de búsqueda de personas desaparecidas como una estrategia de comunicación o con tintes electorales.

En una carta abierta a toda la función pública, el colectivo remarcó la necesidad de implementar en forma la Ley General en materia de Desaparición, priorizar la atención extraordinaria a la crisis de identificación forense, pero sobre todo atender los impactos psicosociales de las miles de personas que buscan a sus seres queridos.

A todos los personajes políticos de los tres niveles de gobierno, exigieron: “su compromiso debe ser claro y absoluto para avanzar siempre de la mano con las familias”.

Para este viernes, se prevé una marcha del Monumento a la Madre a Palacio Nacional en la capital, así como movilizaciones en las principales ciudades del país. La Arquidiócesis Primada de México, por su parte, convocó a una misa en la Basílica de Guadalupe en honor a las madres buscadoras a las 18 horas.

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El problema de personas desaparecidas en México data de la década de los 60, sin embargo el número de víctimas creció exponencialmente a partir de 2006, año en que inició la denominada guerra contra el narcotráfico.

Hasta 2017 se publicó la primera ley en la materia y en 2019 el Estado mexicano reconoció formalmente ante la ONU las crisis forense y de desaparición de personas.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha reconocido avances sustanciales de México en la materia pero durante su última visita al país -septiembre de 2023- apremió a las autoridades a redoblar esfuerzos para hacer justicia y reparación del daño a las víctimas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a los actores políticos de todas las fuerzas abrir su atención y respeto a las madres buscadoras, así como plantear políticas públicas con las que el Estado atienda la crisis de desaparición en México.

En el marco del Día de las Madres y en vísperas de las elecciones del 2 de junio, la Oficina de la ONU-DH Alto Comisionado señaló en un comunicado que para las madres buscadoras esta fecha tiene un significado distinto, pues ellas requieren “respuestas puntuales, tangibles, certeras e impostergables”.

Además de reconocer la tenacidad y el amor con que actúan, el comunicado señala que las madres buscadoras tienen derecho a participar en los procesos de búsqueda, investigación, memoria y reparación. Igualmente resaltó que “resulta crucial garantizar plenamente los derechos de las madres buscadoras a la seguridad y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México estima que existen más de 90 colectivos de búsqueda de personas integrados por familias que persiguen el rastro de alguno de sus integrantes.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que actualmente hay 116 mil 300 personas de quienes se desconoce su paradero. A esto se suma una crisis forense de al menos 52 mil cuerpos sin identificar.

Ayer, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió a los partidos políticos responsabilizarse en sus funciones públicas más allá de coyunturas electorales. por lo que demandó que los procesos de búsqueda de personas desaparecidas como una estrategia de comunicación o con tintes electorales.

En una carta abierta a toda la función pública, el colectivo remarcó la necesidad de implementar en forma la Ley General en materia de Desaparición, priorizar la atención extraordinaria a la crisis de identificación forense, pero sobre todo atender los impactos psicosociales de las miles de personas que buscan a sus seres queridos.

A todos los personajes políticos de los tres niveles de gobierno, exigieron: “su compromiso debe ser claro y absoluto para avanzar siempre de la mano con las familias”.

Para este viernes, se prevé una marcha del Monumento a la Madre a Palacio Nacional en la capital, así como movilizaciones en las principales ciudades del país. La Arquidiócesis Primada de México, por su parte, convocó a una misa en la Basílica de Guadalupe en honor a las madres buscadoras a las 18 horas.

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El problema de personas desaparecidas en México data de la década de los 60, sin embargo el número de víctimas creció exponencialmente a partir de 2006, año en que inició la denominada guerra contra el narcotráfico.

Hasta 2017 se publicó la primera ley en la materia y en 2019 el Estado mexicano reconoció formalmente ante la ONU las crisis forense y de desaparición de personas.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha reconocido avances sustanciales de México en la materia pero durante su última visita al país -septiembre de 2023- apremió a las autoridades a redoblar esfuerzos para hacer justicia y reparación del daño a las víctimas.

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