Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió que la política migratoria de México se diseña y ejecuta de manera soberana, por lo que la resolución emitida el martes pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a restaurar el programa Quédate en México "no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno mexicano".
A través de un mensaje difundido por la cancillería, Velasco informó que el Departamento presentó este jueves a la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard la resolución emitida por el máximo tribunal estadounidense respecto a la implementación de la sección 235 (b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México", destacó.
Velasco indicó que el gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo, pero iniciará un diálogo técnico con la administración de Joe Biden con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común.
"El gobierno de México refrenda su respeto a las personas migrantes y solicitantes de asilo, en cumplimiento con nuestra legislación nacional y conforme al derecho internacional. Asimismo, México reitera la importancia de atender las causas estructurales de la migración, incluyendo políticas públicas con efectos inmediatos en las condiciones de vida de las personas", finalizó.
Piden al Gobierno no aceptar nuevamente el protocolo Quédate en México
Tras darse a conocer el fallo de la Corte estadounidense varias organizaciones civiles solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazar que el protocolo “Quédate en México” se ponga de nuevo en marcha.
La petición se da debido a que dicho proyecto afectó a más de 72 millones de personas solicitantes, en particular mujeres, menores de edad y personas con discapacidad, quienes fueron regresadas a México a esperar sus audiencias.
La preocupación de las organizaciones es resultado de las acciones del Tribunal de la Primera Instancia, quien indicó que el gobierno de Estados Unidos seguirá trabajando porque el protocolo sea reinstalado.
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“Es imposible volver al protocolo de una manera que se respeten los Derechos Humanos y el debido proceso, México tiene la responsabilidad de bloquearlo. Las instituciones mexicanas aún están evaluando la legalidad del protocolo y las violaciones de Derechos Humanos de las personas devueltas a México bajo este programa”, dijeron las organizaciones.
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