/ domingo 3 de noviembre de 2019

México, sin ley que castigue violencia política de género

Si va a haber una reforma electoral, debe incluir una legislación en el tema, pide magistrado del TEPJF

México carece de una ley que castigue la violencia política de género, por lo que este tema debe de contemplarse en la próxima reforma electoral, dijo Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El magistrado dijo que ese fenómeno es tan complejo que requiere un análisis legislativo, donde haya un acuerdo mínimo de lo que como sociedad se necesita.

Al participar en el Foro Derechos Humanos de las Mujeres. Acceso a la justicia a 25 años de la Convención de Belem Do Pará, reconoció que es necesaria una legislación en el tema: “Si va a haber una reforma electoral se debe pensar si se debe incluir esta ley... Sí debe incorporarse”.

En la tercera mesa redonda de alto nivel Retos de la justicia electoral para eliminar la violencia contra las mujeres en la vida política, expuso que, al carecer de una ley, la Sala Superior tiene que analizar estos casos bajo la óptica de violación por principios constitucionales, y sancionarlo como una nulidad genérica.

“México no está bien en los temas de violencia política de género. No nos hagamos tontos, no está regulado el tema. ¿Alguien me quiere enseñar dónde está la ley de violencia política de género? Claro, no hay, no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Hay voluntad política para que salga?”, cuestionó al auditorio en que mujeres participantes respondieron que no.

De la Mata Pizaña dejó la propuesta en el aire al decir que si va a haber una reforma electoral, que regule la violencia de género. “El tema de violencia política de género debe quedar proscrito, y para eso se necesitan sanciones”, dijo y apuntó que en esa posible reforma se deben establecer criterios para saber en qué punto la violencia política de género se vuelve determinante para anular una elección y si influye en el resultado.

Felipe de la Mata Pizaña consideró que también se deben reformular las nulidades que están basadas en leyes de años pasados, y deben actualizarse.

México carece de una ley que castigue la violencia política de género, por lo que este tema debe de contemplarse en la próxima reforma electoral, dijo Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El magistrado dijo que ese fenómeno es tan complejo que requiere un análisis legislativo, donde haya un acuerdo mínimo de lo que como sociedad se necesita.

Al participar en el Foro Derechos Humanos de las Mujeres. Acceso a la justicia a 25 años de la Convención de Belem Do Pará, reconoció que es necesaria una legislación en el tema: “Si va a haber una reforma electoral se debe pensar si se debe incluir esta ley... Sí debe incorporarse”.

En la tercera mesa redonda de alto nivel Retos de la justicia electoral para eliminar la violencia contra las mujeres en la vida política, expuso que, al carecer de una ley, la Sala Superior tiene que analizar estos casos bajo la óptica de violación por principios constitucionales, y sancionarlo como una nulidad genérica.

“México no está bien en los temas de violencia política de género. No nos hagamos tontos, no está regulado el tema. ¿Alguien me quiere enseñar dónde está la ley de violencia política de género? Claro, no hay, no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Hay voluntad política para que salga?”, cuestionó al auditorio en que mujeres participantes respondieron que no.

De la Mata Pizaña dejó la propuesta en el aire al decir que si va a haber una reforma electoral, que regule la violencia de género. “El tema de violencia política de género debe quedar proscrito, y para eso se necesitan sanciones”, dijo y apuntó que en esa posible reforma se deben establecer criterios para saber en qué punto la violencia política de género se vuelve determinante para anular una elección y si influye en el resultado.

Felipe de la Mata Pizaña consideró que también se deben reformular las nulidades que están basadas en leyes de años pasados, y deben actualizarse.

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