/ miércoles 22 de abril de 2020

Ordena juez a Gobierno dictar medidas para proteger a migrantes

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho reclamó omisiones de los titulares de Salud y Relaciones Exteriores

La juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federal con sede en Tijuana otorgo una suspensión a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. (FJEDD) y Derechoscopio, A.C., para que las autoridades federales dicten medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud de los migrantes, y detectar el contagio de Covid-19 en lo que son retornados desde Estados Unidos, los detenidos por agentes migratorios y las personas que se encuentren en las estaciones del Instituto Nacional de Migración en Baja California.

La asociación, reclamó omisiones del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, del titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otras autoridades.

La organización demandó al secretario de Relaciones Exteriores y al presidente Andrés López Obrador la implementación de un plan para recibir migrantes en México, “a fin de minimizar la aglomeración en estaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos”.

En ocasiones anteriores, la organización ha ganado juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar a la entonces Procuraduría General de la República y hoy Fiscalía, que se apoye a las familias de centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por el cártel de Los Zetas.

En sus argumentos, la organización argumentó que el gobierno bajacaliforniano no ha diseñado, propuesto ni dictado medidas en materia migratoria para contener el contagio y propagación del Covid-19, ni protocolos para detectar los casos de las personas en movilidad (migrantes) que pudieran estar infectadas con el virus.

Considera que por las infecciones y muertes confirmadas por el coronavirus, hoy la frontera de Baja California y California (Estados Unidos) es una de las zonas más peligrosas del mundo. Las autoridades responsables tienen 24 horas para notificar cómo cumplieron con la orden de suspensión concedida por la juez.

La juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federal con sede en Tijuana otorgo una suspensión a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. (FJEDD) y Derechoscopio, A.C., para que las autoridades federales dicten medidas necesarias para salvaguardar la vida y la salud de los migrantes, y detectar el contagio de Covid-19 en lo que son retornados desde Estados Unidos, los detenidos por agentes migratorios y las personas que se encuentren en las estaciones del Instituto Nacional de Migración en Baja California.

La asociación, reclamó omisiones del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, del titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entre otras autoridades.

La organización demandó al secretario de Relaciones Exteriores y al presidente Andrés López Obrador la implementación de un plan para recibir migrantes en México, “a fin de minimizar la aglomeración en estaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos”.

En ocasiones anteriores, la organización ha ganado juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar a la entonces Procuraduría General de la República y hoy Fiscalía, que se apoye a las familias de centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por el cártel de Los Zetas.

En sus argumentos, la organización argumentó que el gobierno bajacaliforniano no ha diseñado, propuesto ni dictado medidas en materia migratoria para contener el contagio y propagación del Covid-19, ni protocolos para detectar los casos de las personas en movilidad (migrantes) que pudieran estar infectadas con el virus.

Considera que por las infecciones y muertes confirmadas por el coronavirus, hoy la frontera de Baja California y California (Estados Unidos) es una de las zonas más peligrosas del mundo. Las autoridades responsables tienen 24 horas para notificar cómo cumplieron con la orden de suspensión concedida por la juez.

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