/ domingo 3 de mayo de 2020

Jueza rechaza frenar medidas de austeridad de AMLO

La juzgadora continuará con la revisión y análisis de la demanda de amparo pues todavía queda pendiente presente sus informes respecto a lo que se plantea en el juicio

La jueza federal Julissa González Rojas rechazó frenar el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19.

Tras realizar una primera revisión a una demanda de amparo promovida contra el decreto y con la que se buscaba suspenderlo, la juzgadora señaló que el decreto no implica peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.

“Los actos que tilda de inconstitucionales, se insiste, no son de naturaleza de aquellos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que estima vulnerados, por lo que no ha lugar a tramitarse la medida suspensional solicitada”, concluyó.

La juzgadora continuará con la revisión y análisis de la demanda de amparo pues todavía queda pendiente que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presente sus informes respecto a lo que se plantea en el juicio.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que los criterios se rigen bajo la eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante “la crisis mundial del modelo neoliberal”, por lo que el Presidente propuso que no sea despedido ningún trabajador.

En el documento se detalla que no habrá contratación de personal y que de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25 por ciento de manera progresiva.

“Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores”.


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La jueza federal Julissa González Rojas rechazó frenar el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis provocada por el Covid-19.

Tras realizar una primera revisión a una demanda de amparo promovida contra el decreto y con la que se buscaba suspenderlo, la juzgadora señaló que el decreto no implica peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.

“Los actos que tilda de inconstitucionales, se insiste, no son de naturaleza de aquellos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que estima vulnerados, por lo que no ha lugar a tramitarse la medida suspensional solicitada”, concluyó.

La juzgadora continuará con la revisión y análisis de la demanda de amparo pues todavía queda pendiente que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presente sus informes respecto a lo que se plantea en el juicio.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que los criterios se rigen bajo la eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante “la crisis mundial del modelo neoliberal”, por lo que el Presidente propuso que no sea despedido ningún trabajador.

En el documento se detalla que no habrá contratación de personal y que de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25 por ciento de manera progresiva.

“Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores”.


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