A meses de cumplir dos años en el cargo, el cambio de personal ha sido una constante en el Congreso de Morelos, reportando a febrero de este año 420 trabajadores, con sueldos desde tres hasta 32 mil pesos, informó el centro de investigación "Morelos Rinde Cuentas".
De acuerdo a los datos proporcionados por la organización, la diputada presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza es quien cuenta con un mayor número de personas, para ser exactos 22, le sigue la diputada Ariadna Barrera Vázquez de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Barrera Vázquez con 18.
José Casas González y Andrés Duque Tinoco, independiente y del Partido Encuentro Social (PES) con 15 cada uno; 14 la diputada del Partido Humanista, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; 12 respectivamente Rosalina Mazari Espín, PRI y Héctor Javier García Chávez, Morena.
11 trabajadores Maricela Jiménez Armendáriz, Movimiento Ciudadano y José Luis Galindo Cortez, PES; nueve empleados, Alfonso de Jesús Sotelo Martíne, PES y presidente del Poder Legislativo; ocho, Ana Cristina Guevara Ramírez, Movimiento Ciudadano, Erika García Zaragoza, PT, y Keila Celene Figueroa Evaristo, Morena.
Blanca Nieves Sánchez Arano, Nueva Alianza y Rosalinda Rodríguez Tinoco, PRD, siete; las diputadas Naida Josefina Díaz Roca y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, PT, tienen cinco y cuatro, respectivamente.
“Morelos Rinde Cuentas” indicó también que entre los 420 trabajadores oscilan salarios de entre 32 mil 708 a tres mil 166 pesos, mismos que son desde los más bajos para auxiliares, secretarias, asistente técnico y oficiales de mantenimiento, mientras que los más altos son secretarios, directores, coordinación, auxiliares y secretarios pero de otras áreas como la Mesa Directiva o la Dirección de Recursos Humanos.
En la nómina del Congreso de Morelos se encuentran tan bien allegados y familiares de los mismos diputados, situación que denunció el año pasado el centro de investigación, recalcando que algunos colaboran como asesores de los legisladores, directores o jefes de departamentos y quienes en ciertos casos no cuentan con cédula profesional, lo cual perjudica en gran medida la transparencia y no ayuda en la Ley de Profesionalización en la Fiscalización.
