/ jueves 2 de abril de 2020

Sin pistas en homicidios de 5 activistas

Las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia no realizan su función de manera idónea y efectiva

Aún se encuentra pendientes de esclarecer cinco casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y activistas sociales en Morelos, refirió la Comisión Independiente de Derechos Humanos en la entidad.

Marco Aurelio Palma Apodaca, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos señaló que es lamentable que en el país y en el estado continúen silenciando las acciones y las voces de las personas que luchan contra las injusticias y a favor de las causas justas.

“El hecho de que subsista esta estrategia de terror de parte de grupos de poder político y económico de callar a quienes han alzado la voz por mejores condiciones de vida, es una situación lamentable y preocupante porque el objetivo es el hecho de sembrar miedo e inhibir al pueblo, a la clase trabajadora, parque no se organicen ni participe en movimientos sociales en defensa de sus derechos fundamentales”, expresó.

Aseguró que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia no realizan su función de manera idónea y efectiva, lo que da un mensaje negativo y trae como consecuencia un clima de impunidad.

Cito como claro ejemplo el caso de activistas, como Marcos Olmedo, asesinado en 1996, Gustavo Salgado, Marco Antonio García y Samir Flores, entre otros casos en lo que dijo, sólo ha habido justicia de manera parcial y en algunos casos no ha sido resuelto en totalidad.

Indicó que ha faltado voluntad política, además de que no se valora el trabajo de defensor en su justa dimensión.

“Vemos que las distintas instancias de gobierno no aplican de manera efectiva e idónea, los diferentes protocolos y mecanismos de protección de defensoras y defensores, y que hoy lamentablemente dichas disposiciones legales son letra muerta , las consecuencias en un futuro escenario serían más agresiones a periodistas y activistas en este sentido”, dijo.

En 1996, Marco Olmedo fue asesinado en Tlaltizapan, en una agresión de ganaderos y policías, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontraron amplias escoraciones en brazos y piernas, un orificio en la nuca, huellas de golpes contusos en la espalda encontraron en su cuerpo.

Otro caso es el de Gustavo Alejandro Salgado Delgado, la tarde del 3 de febrero del 2015 , miembro del Comité Central del Frente Popular Revolucionario (FPR) y del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCM-ML) se trasladaba a una reunión en el municipio de Ayala Estado de Morelos, en el trayecto desapareció.

El día 4 de febrero su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de tortura; el activista social luchó con jornaleros agrícolas, obreros, campesinos, maestros, jóvenes y organizaciones sociales por los derechos fundamentales del pueblo, por elevar su grado de conciencia y participación.

Uno de los casos más reciente, es el de Samir Flores quien era un activista que se oponía a la termoeléctrica en Morelos, fue asesinado en el mes de febrero del año pasado afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac.

Otros casos que tampoco han sido resueltos son los de Marco Antonio García Barrera subsecretario general de la División de Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y conocido luchador social; y Miguel Ángel Pérez Cazares.


Aún se encuentra pendientes de esclarecer cinco casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y activistas sociales en Morelos, refirió la Comisión Independiente de Derechos Humanos en la entidad.

Marco Aurelio Palma Apodaca, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos señaló que es lamentable que en el país y en el estado continúen silenciando las acciones y las voces de las personas que luchan contra las injusticias y a favor de las causas justas.

“El hecho de que subsista esta estrategia de terror de parte de grupos de poder político y económico de callar a quienes han alzado la voz por mejores condiciones de vida, es una situación lamentable y preocupante porque el objetivo es el hecho de sembrar miedo e inhibir al pueblo, a la clase trabajadora, parque no se organicen ni participe en movimientos sociales en defensa de sus derechos fundamentales”, expresó.

Aseguró que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia no realizan su función de manera idónea y efectiva, lo que da un mensaje negativo y trae como consecuencia un clima de impunidad.

Cito como claro ejemplo el caso de activistas, como Marcos Olmedo, asesinado en 1996, Gustavo Salgado, Marco Antonio García y Samir Flores, entre otros casos en lo que dijo, sólo ha habido justicia de manera parcial y en algunos casos no ha sido resuelto en totalidad.

Indicó que ha faltado voluntad política, además de que no se valora el trabajo de defensor en su justa dimensión.

“Vemos que las distintas instancias de gobierno no aplican de manera efectiva e idónea, los diferentes protocolos y mecanismos de protección de defensoras y defensores, y que hoy lamentablemente dichas disposiciones legales son letra muerta , las consecuencias en un futuro escenario serían más agresiones a periodistas y activistas en este sentido”, dijo.

En 1996, Marco Olmedo fue asesinado en Tlaltizapan, en una agresión de ganaderos y policías, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontraron amplias escoraciones en brazos y piernas, un orificio en la nuca, huellas de golpes contusos en la espalda encontraron en su cuerpo.

Otro caso es el de Gustavo Alejandro Salgado Delgado, la tarde del 3 de febrero del 2015 , miembro del Comité Central del Frente Popular Revolucionario (FPR) y del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCM-ML) se trasladaba a una reunión en el municipio de Ayala Estado de Morelos, en el trayecto desapareció.

El día 4 de febrero su cuerpo sin vida fue encontrado con signos de tortura; el activista social luchó con jornaleros agrícolas, obreros, campesinos, maestros, jóvenes y organizaciones sociales por los derechos fundamentales del pueblo, por elevar su grado de conciencia y participación.

Uno de los casos más reciente, es el de Samir Flores quien era un activista que se oponía a la termoeléctrica en Morelos, fue asesinado en el mes de febrero del año pasado afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac.

Otros casos que tampoco han sido resueltos son los de Marco Antonio García Barrera subsecretario general de la División de Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y conocido luchador social; y Miguel Ángel Pérez Cazares.


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