Antes de concluir el año más de 40 mil unidades del transporte colectivo deberán realizar su verificación vehicular o vendrán las multas que son de mil 250 pesos al igual que los propietarios de vehículos de uso particular, advirtió el secretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortez.
A los concesionarios del servicio público, destacó que han otorgado todo tipo de facilidades e incluso con la condonación de las sanciones, por omitir sus obligaciones fiscales,
Sobre la revisión de las unidades, dijo que hay reuniones constantes con quienes mantienen los permisos del servicio público con itinerarios fijos y taxistas quienes suelen resistirse a la medida.
Informó que especialmente a los operadores del servicio sin itinerario fijo hay el aviso de ser sancionado en la Ciudad de México en caso de dejar de lado la verificación de las unidades automotoras.
Esto no es una imposición del gobierno del estado de Morelos, sino un acuerdo firmado dentro del programa de la Megalópolis en donde están incluidas otras entidades como Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Hemos dado todas las facilidades a los concesionarios del transporte con líneas especiales para la verificación, horarios abiertos y muchas más para evitar que tengan pérdidas económicas por realizar su obligación.
Con las acciones emprendidas, dio a conocer que hay coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) quien en sus cursos de capacitación y actualización a operadores del servicio colectivo recuerdan la importancia de verificar.
Galindo Cortés admitió que han encontrado renuencia de algunos concesionarios en llevar a los centros sus unidades automotoras, quienes al ser sancionados exigen descuentos o la condonación de la multa.
“Se les apoya, pero deben entender que su obligación es cumplir con los ordenamientos legales dispuestos. Sin embargo, a partir del próximo año como todo propietario de un automóvil deberán realizar su verificación dos ocasiones al año”, subrayó.
A partir del próximo año, anunció que terminan las condonaciones en las multas ni tampoco beneficios especiales como exigen los concesionarios del transporte público, porque puede convertirse en una mala costumbre.
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