Integrantes de la Marea Verde, el movimiento feminista a favor de la despenalización del aborto, presentaron en el Congreso a “rAborta”, una robot que se sumará a la lucha para exigir el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La robot que es operada desde la Ciudad de México y utiliza las lagunas legales para hacer valer los derechos de las mujeres, recorrerá los 36 municipios del estado para distribuir pastillas abortivas.
Las 85 colectivas de 11 estados de la República que participan en esta acción, reconocieron que si bien los contextos son diferentes, el acceso a un aborto seguro sigue siendo restringido.
En el marco del 28 de septiembre, Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto, las mujeres que integran las colectivas, y que por años han acompañado a otras mujeres en sus procesos de aborto, continúan haciendo visible la desigualdad de derechos en la que viven las mujeres de los estados donde el aborto no es legal.
LA IGLESIA NO DEBERÍAN INMISCUIRSE: JESSICA ORTEGA
La diputada federal por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), Jessica Ortega de la Cruz, censuró que la iglesia se inmiscuya en el debate de la despenalización del aborto en Morelos.
Precisó que se trata de un tema de derechos y libertades que además ya ha sido ampliamente discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Primero, no tendría por qué estar inmersos en un tema de derechos la iglesia o los grupos que vinculan este tema con la fe, pues al final de cuentas se trata de un tema muy personal y particular, y nosotros siempre nos hemos pronunciado por la laicidad de los estados”, expresó.
Ortega también consideró un error que se sugiera realizar una consulta a los ciudadanos para preguntarles si están a favor o en contra de la despenalización del aborto.
La diputada federal por Morelos recordó que el MC siempre ha impulsado en su agenda el derecho a decidir por parte de las mujeres sobre su cuerpo.
Durante la entrevista informó que en México se realizan más de 750 mil abortos y en una tercera parte de ellos las mujeres pierden la vida porque se llevan a cabo en la clandestinidad.
Recientemente, la SCJN resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Así, la corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.