La diputada federal Alejandra Pani Barragán, propuso en la cámara disminuir el costo del seguro para que los pequeños productores del campo puedan tener el beneficio, y que no tengan asegurados o no tengan poder de negociación precios bajos con la venta de sus productos, por eso es necesario promover un esquema que les ayude a tener servicios básicos de financiamiento, aseguramiento y capacitación agro empresarial.
En el primer parlamento abierto para la elaboración de la iniciativa rumbo a la nueva Ley de Financiera Rural, la legislación más destacada destacó que la intención es crear la financiera nacional agropecuaria sociedad de crédito en sustitución de la banca de desarrollo, teniendo como poder de ahorro de energía e inversión así como apoyos financieros e impulso las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y de todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural.
La legislación se hizo ver que en la actualidad los mecanismos de financiamiento y desarrollo agropecuario no se enfocan en los pequeños productores rurales, es por eso, que se busca que la nueva institución cuente con las herramientas adecuadas para el análisis y evaluación en las solicitudes de crédito y aseguramiento agropecuario para los productores con menor capacidad de producción.
“Suele pasar que los pequeños productores sin muchos poderes de negociación obtuvieron precios muy bajos con la venta de sus mercancías, por lo que se hace necesario contar con los servicios básicos de financiamiento, aseguramiento, y capacitación agro empresarial, por lo tanto esta banca busca realiza estos servicios de interconexión de insumos agrícolas con agrícolas y con mercadeo de la producción y mejor venta en el mercado ”.
En caso de que la iniciativa sea aprobada, las dependencias del gobierno federal así como los fondos constituidos por el financiamiento y aseguramiento concentrado en sus actividades en FINAGRO y realizarán más eficientes los programas de apoyo a productores agropecuarios.
Al momento son alrededor de 50 millones de personas que no tienen acceso al crédito formal y el 90 por ciento del crédito se otorga y formaliza áreas urbanas y solo el 10 por ciento en áreas rurales de allí la urgencia de aprobar la iniciativa.
