La historia política de Morelos, al menos desde el año 1997 a la fecha, está marcada invariablemente por los juicios políticos a los que han sido sometidos los gobernadores en turno de Morelos.
Jorge Carrillo Olea
El primero que enfrentó un juicio político fue el gobernador priista Jorge Carrillo Olea. En este caso las versiones apuntan a que su “caída” fue dictada desde la presidencia de la República encabezada por Ernesto Zedillo.
En el año 1998, Morelos enfrentaba una ola de secuestros e inseguridad de la que no se tenía
precedentes. Las manifestaciones de la sociedad civil iban en ascenso. Carrillo finalmente dimitió, pero no se libró del juicio político que abrió la 47 legislatura local.
El 25 de mayo de 1999, la Comisión de Gobernación del Congreso de Morelos, convertida en Gran Jurado, declaró culpable al exgobernador Jorge Carrillo Olea en cuatro de las acusaciones incluidas en el juicio político iniciado en 1998, días después de que renunció a la gubernatura.
El entonces presidente de la Comisión, Hugo Carbajal Aguilar, explicó que Carrillo Olea desatendió sus responsabilidades constitucionales al no garantizar la seguridad pública a la población, y además desoyó las denuncias contra autoridades bajo su mando, las cuales estaban relacionadas con el crimen organizado.
En 2003, por falta de elementos fue exonerado Carrillo Olea, quien enfrentaba cargos por el delito de incumplimiento de funciones públicas al omitir denuncias ciudadanas que vinculaban a autoridades estatales con el crimen organizado.
La juez primero de lo penal en Morelos, María del Rosario Rojas, determinó la libertad al exfuncionario, argumentando que no había encontrado elementos suficientes para afirmar que Carrillo Olea fue responsable por no denunciar uno de los primeros secuestros cometidos en su administración.
Fue así como el exgobernador de Morelos quedó exonerado de los cargos por los que enfrentó un juicio político desde 1998, y tras el cual fue inhabilitado para desempeñar puestos públicos durante 12 años.
La exoneración no liberó sin embargo al exmandatario de esa inhabilitación.
Sergio Estrada Cajigal
Llegó el año 2000 y con él la alternancia política a México y a Morelos. Por primera vez asumía la gubernatura un hombre emanado del Partido Acción Nacional (PAN), su nombre: Sergio Estrada Cajigal Ramírez, quien venía de ser presidente municipal de Cuernavaca, cargo que ganó en el año 1997 cuando la alternancia política se veía lejana en la entidad.
Pasada la primera mitad de su sexenio, Sergio Estrada enfrentó un juicio político por la presunta relación de su excoordinador de la policía ministerial, José Agustín Montiel López, con el narcotráfico y la protección que el entonces mandatario habría dado a capos de la droga.
El 5 de mayo de 2004, con 18 votos a favor y 10 en contra, el pleno del Congreso local aprobaba enjuiciar a Estrada Cajigal. Apenas un día antes en la Junta de Coordinación Política el dictamen solo había alcanzado 19 votos a través del sistema de voto ponderado que mandata obtener (para su aprobación) las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, es decir, 20 votos.
El gobernador recurrió a acciones legales como la promoción de acciones de inconstitucionalidad y controversias para defenderse de la ofensiva del Congreso local.
El 30 de marzo de 2006, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), erigido en jurado de sentencia, afirmó la inexistencia de conducta ilícita alguna por parte del Ejecutivo y la comisión de hechos delictivos, como se afirmó en el inicio del juicio político.
Previamente resolvieron que el Congreso de Morelos no había reunido los 20 votos necesarios para iniciar el proceso, como marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal, y tampoco se sustentó la presunta relación del excoordinador de la policía ministerial, José Agustín Montiel López, con el narcotráfico ni la protección que Estrada supuestamente habría dado a capos de la droga. Los magistrados aseguraron que actuaron con apego estricto a la ley.
Marco Adame Castillo
El 22 de febrero de 2011, el pleno del Congreso de Morelos turnó a la Junta Política y de Gobierno la solicitud de juicio político recibida en contra del gobernador panista Marco Adame Castillo.
La solicitud fue entregada y suscrita por Juan Ignacio Suárez Huape (QEPD), de la organización ciudadana El Observatorio por la Transparencia; José Antonio Montes Ramírez, del Comité Ciudadano por el Juicio Político a Marco Adame; Nicanor Pérez, del Movimiento Magisterial de Bases, y Héctor Salazar Porcayo, del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Los cinco argumentos integrados en la demanda de juicio político son: La omisión por el nombramiento del secretario de Seguridad Pública de Morelos Luis Ángel Cabeza de Vaca, quien supuestamente había dado protección al cártel de los Beltrán Leyva y fue detenido y recluido (actualmente está libre).
También se enlistaron las omisiones de la Procuraduría de Justicia que encabezaba en ese momento Pedro Luis Benítez Vélez, debido al rezago de 5 mil carpetas de investigación, además de 314 expedientes de asesinatos que se registraron en el 2010 y que no habían sido investigados ni resueltos. Al final este juicio político no prosperó. Previamente el entonces diputado local del PRI, Omar Guerra, había advertido intentos desde el Ejecutivo “por desactivar” ese juicio.
Graco Ramírez
El perredista Graco Ramírez Garrido es hasta ahora el gobernador que más solicitudes de juicio político enfrentó y que logró librar en diversos momentos, en los que incluso se especuló ampliamente acerca de la “compra” de diputados locales.
El 12 de enero de 2016, el Congreso declaró improcedente la solicitud del juicio político en contra de Ramírez Garrido Abreu.
La solicitud había sido presentada por el ciudadano Valentín Pobedano Arce, informó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta.
Para ese momento en la 53 legislatura local, el PRD predominaba en el Congreso local. Era una legislatura en la que de facto operaba el hijo del gobernador, Rodrigo Gayosso, quien logró “alinear” a una larga lista de diputados de pasarse a las filas del Sol Azteca.
Los intentos de enjuiciar a Graco Ramírez no pararon, pues el 4 de enero de 2017 los entonces diputados federales del PRI, Matías Nazario y Rosalina Mazari, presentaron un juicio político ante el Congreso local en contra del gobernador por las omisiones en el Paso Exprés, y los daños causados a los ciudadanos. No prosperó.
Para el 18 de octubre de 2018, un grupo de abogados y ciudadanos acudían al Congreso local a presentar una solicitud de juicio político en contra del extitular del Poder Ejecutivo estatal, Graco Ramírez Garrido Abreu. Nada sucedió.
Incluso, aún ya no estando al frente del gobierno de Morelos se intentó enjuiciar a Graco Ramírez.
Con fecha 28 de septiembre de 2019, la 54 legislatura local recibió del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo una solicitud de juicio político contra su antecesor.
En representación del Poder Ejecutivo estatal, el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, entregó la solicitud en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. Al final nada sucedió.
El pasado 18 de abril, el vicefiscal “A” de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Edgar Núñez Urquiza, presentó ante el Congreso local tres solicitudes de formación de causa en contra del mandatario Blanco Bravo, a quien se acusa de los delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación; y la última por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad.
Blanco Bravo ha dicho que no tiene nada que temer pero también que quien se lleva se aguanta, al referirse a quienes presentaron las denuncias que dieron origen a las tres solicitudes de causa.
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