La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), a fin de que ejercite todas las acciones de carácter administrativo o penal que sean aplicables ante la Secretaría de la Función Pública o Fiscalía General de la República, en caso de que existan hechos constitutivos de faltas administrativas y delitos, en contra de quien o quienes resulten responsables por los daños ocurridos en el Paso Exprés, originados por el desprendimiento del muro de contención ubicado a la altura del kilómetro 84+460, a un costado de la incorporación a la colonia Antonio Barona.
El exhorto fue presentado por el diputado federal morelense de Morena, Alejandro Mojica Toledo, este jueves, ante la comisión permanente y fue aprobada por unanimidad por parte de los integrantes de la comisión, por lo que se exhorta al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, con relación a los daños ocurridos en el denominado Paso Exprés Cuernavaca.
El legislador morelense recordó que la construcción del Paso Exprés estuvo plagada de incidentes; problemas de delimitación del derecho de vía, afectaciones a propietarios de casas en las colonias y poblados aledaños; afectaciones a vialidades colindantes; rompimiento constante de tuberías de agua potable que dejó a vecinos sin agua; escurrimientos, demolición de puentes y pasos peatonales; más de 80 accidentes viales, y el fallecimiento de más de 50 personas, incluyendo dos personas que perdieron la vida a causa del socavón de 4 metros de diámetros y 5 de profundidad.
y en lo particular a los recientes daños presentados a la altura del kilómetro 84 e implemente todas las acciones que sean necesarias para la inmediata reparación e implementación de las acciones de prevención que sean pertinentes, en colaboración con las instancias competentes de los tres órdenes de Gobierno para evitar afectaciones mayores".
Sobre todo, reiteró, no se olvide recurrir a todas las acciones de carácter administrativo o penal que sean aplicables ante Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía General de la República, en caso de que existan hechos constitutivos de faltas administrativas o delitos en contra de los responsables, sin importar sean funcionarios o empresas.
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