Los 650 trabajadores despedidos del penal femenil ubicado en Michapa, en Coatlán del Río, solicitan que el presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, se entere del despido masivo, manifestaron durante la marcha mitin que realizaron.
Desde las 9:00 horas arribaron al crucero de Contlalco de la carretera federal Puente de Ixtla-Las Grutas; cubrieron más de tres kilómetros desde la entrada principal del Centro de Reinserción Social número 16 Femenil.
Los manifestantes portaban sus respectivos uniformes de trabajo, de acuerdo con cada departamento; en el conglomerado se podía observar el predominio de las playeras color verde, las filipinas blancas del personal de cocina, las playeras rojas, unas azules; además, los participantes mostraban cartulinas, que contenían frases de reclamo por el injusto despido.
En los contingentes había adultos mayores y niños, quienes eran familiares de los trabajadores despedidos. Entre las consignas se escuchaba: “La cocina no se quemó, nos sacaron a traición”, “no queremos represión, queremos solución”, “trabajadores unidos jamás serán vencidos”, entre otras.
Los contingentes ocuparon un carril de los dos de la carretera. Con ellos, a manera de apoyo, estaban los directivos de la empresa Centro de Procesamiento y Servicio SA de CV (CEPROSSA) quienes, en una camioneta llevaron, botellas de agua para los manifestantes.
Marlon Figueroa Vázquez insistió que el problema es un asunto entre particulares, agregó que la empresa CRC Morelos, del grupo CARSO, contrató a CEPROSSA por 20 años; pero, el martes, sin previo aviso, les retiraron el contrato y por eso no dejaron entrar a ninguno de los 650 trabajadores.
Los empleados despedidos se desempeñaban en las áreas de limpieza fumigación, almacén, lavandería, alimentos, mantenimiento, jardinería, tecnología y alimentos.
Los afectados comentaron que la empresa suplente ya está contratando a trabajadores, quienes, según comentaron los ex trabajadores, provienen de Sinaloa.
De acuerdo con las personas perjudicadas por el despido masivo no se está respetando los acuerdos que se tomaron con las autoridades ejidales y municipales, pues cuando se vendieron las tierras en donde se construyó el reclusorio se dijo que la prioridad sería la contratación de mano de obra del municipio.
