/ miércoles 19 de agosto de 2020

Notifican a Graco Ramírez sobre juicio político

Acusan omisión de ministrar los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2018 al Impepac y a la fiscalía genera

La Comisión de Gobernación y Gran Jurado, retomó a partir de este mes de agosto el juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez y dos exsecretarios de la pasada administración al no entregar recursos en 2018 a dos organismos autónomos.

El 27 de septiembre de 2019 el Poder Ejecutivo representado por el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, entregó al Congreso de Morelos la demanda de juicio político contra la pasada administración estatal ante la omisión de ministrar los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En rueda de prensa, el diputado presidente de la Comisión Legislativa, explicó que desde el pasado viernes 14 de agosto comenzó la entrega de notificaciones a Graco Ramírez y Jorge Michel Luna, arrancando el plazo de 15 días hábiles para dar contestación a la denuncia, puntualizando sino comparecen por sí mismos o por medio de su representante legal perderán su derecho para ofrecer prueba alguna.


En el caso de Adriana Flores Garza, entonces secretaria de Finanzas están en espera de entregar la notificación ante el cambio de domicilio.

Dentro de la solicitud de juicio político, se indica que para la FGE el monto no entregado ascendía a 120 millones 826 mil 132 pesos, mientras que el Impepac tendría que haber recibido 2 millones 566 mil 670 pesos, lo cual, señalaron, “no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones; del organismo electoral local pusieron en peligro el desarrollo y culminación del pasado proceso electoral”.

Casas González explicó que a partir de brindarles su derecho de audiencia el Congreso de Morelos tendrá que analizar la procedencia de los elementos entregados por el gobierno estatal para iniciar el proceso judicial, que de acuerdo con la Ley, podrían ser acreedores desde una amonestación hasta la inhabilitación administrativa, por lo cual no podrían ocupar un cargo de elección popular de acuerdo al tiempo que sea la sanción.

La Comisión de Gobernación continúa trabajando y cuidando las garantías de los denunciados pero sobre todo actuando con legalidad para que no sea por una falla de este juicio político que se vayan a violar los derechos y dejemos al pueblo morelense sin la justicia que tanto esta pidiendo.

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La Comisión de Gobernación y Gran Jurado, retomó a partir de este mes de agosto el juicio político contra el exgobernador Graco Ramírez y dos exsecretarios de la pasada administración al no entregar recursos en 2018 a dos organismos autónomos.

El 27 de septiembre de 2019 el Poder Ejecutivo representado por el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, entregó al Congreso de Morelos la demanda de juicio político contra la pasada administración estatal ante la omisión de ministrar los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En rueda de prensa, el diputado presidente de la Comisión Legislativa, explicó que desde el pasado viernes 14 de agosto comenzó la entrega de notificaciones a Graco Ramírez y Jorge Michel Luna, arrancando el plazo de 15 días hábiles para dar contestación a la denuncia, puntualizando sino comparecen por sí mismos o por medio de su representante legal perderán su derecho para ofrecer prueba alguna.


En el caso de Adriana Flores Garza, entonces secretaria de Finanzas están en espera de entregar la notificación ante el cambio de domicilio.

Dentro de la solicitud de juicio político, se indica que para la FGE el monto no entregado ascendía a 120 millones 826 mil 132 pesos, mientras que el Impepac tendría que haber recibido 2 millones 566 mil 670 pesos, lo cual, señalaron, “no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones; del organismo electoral local pusieron en peligro el desarrollo y culminación del pasado proceso electoral”.

Casas González explicó que a partir de brindarles su derecho de audiencia el Congreso de Morelos tendrá que analizar la procedencia de los elementos entregados por el gobierno estatal para iniciar el proceso judicial, que de acuerdo con la Ley, podrían ser acreedores desde una amonestación hasta la inhabilitación administrativa, por lo cual no podrían ocupar un cargo de elección popular de acuerdo al tiempo que sea la sanción.

La Comisión de Gobernación continúa trabajando y cuidando las garantías de los denunciados pero sobre todo actuando con legalidad para que no sea por una falla de este juicio político que se vayan a violar los derechos y dejemos al pueblo morelense sin la justicia que tanto esta pidiendo.

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