Ante la ineficiencia para quitar las "jubilaciones doradas", la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso de Morelos trazará una nueva ruta fincando responsabilidades de manera jurídica a los beneficiarios.
Las famosas “pensiones doradas” fueron autorizadas por la pasada legislatura de manera ilegal a exfuncionarios no sólo del Poder Legislativo sino también del gobierno perredista de Graco Ramírez. Ante ello, en marzo de 2019 la LIV Legislatura comenzó su cancelación, así como presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haber incurrido en violaciones a la ley, al presentar documentación falsa.
No obstante, la justicia federal dio revés a los procedimientos que se aprobaron el año pasado y amparó a los exfuncionarios beneficiados, entre los que se encuentran los extitulares de Hacienda y Educación, Jorge Michel Luna y Beatriz Ramírez Velázquez, respectivamente.
Por lo anterior, el actual titular de la Comisión Legislativa, José Casas González, confirmó que la revocación ha traído consigo una lluvia de amparos, por lo cual tuvieron que buscar una nueva ruta con el fin de abrogarlas definitivamente.
El parlamentario indicó que presentarán próximamente 30 expedientes ante la Fiscalía Anticorrupción en relación a este tema, teniendo como ejemplo la pasada administración de Huitzilac que en el último día de ejercio aprobó la antigüedad a más de 45 policías que no habían servido en el municipio.
