La lucha de las mujeres por hacer valer sus derechos en todos los ámbitos de la vida pública y privada, incluida la política, no se termina con el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera marcha atrás a la reforma local que sancionaba dicho delito, coinciden activistas y funcionarias; si bien la reforma simplificaba el proceso y reducía tiempos y dinero para combatir este tipo de agresiones, la vía no se limita al orden local, puesto que será a través de un Juicio para la protección de los Derechos (JDC) o la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) como se habrá de combatir.
Diputadas del Congreso del estado e impulsoras de la iniciativa, como es el caso de Alejandra Flores Espinoza, emanada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mencionó que la discrepancia que ha permeado en la actual legislatura fue el principal factor que impidió el que las mujeres accediera a una justicia en el ámbito político desde la perspectiva local.
“En esa sesión yo solicité que se hiciera un receso para que la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminara esa reforma y se pudiera votar ese mismo día. Sí mandaron a receso, pero se retiraron los diputados, no salió, decidieron meterla en la reforma electoral y bueno ya no fue en tiempo y forma la publicación, cada quien tiene que asumir las consecuencias, pero sí hay que ser muy claros, no fue un tema que ha sido del Congreso en general, sí se levantó la voz en su momento, ahora damos un paso atrás, un retroceso en la equidad política de las mujeres”.
En este mismo contexto, la activista Patricia Bedolla Zamora, integrante de la Academia en Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, reconoció que fue un gran error el haber colocado la reforma de violencia política “en paquete” con la reforma electoral, puesto que al ser un tema que confronta a los partidos políticos, siempre será motivo de “juicios”.
Qué planteaba la iniciativa
Bajo la edición 5832, el Poder Ejecutivo publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el decreto 690 “por el que se reforman diversos artículos, se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad”, lo que ocasionó una serie de discursos y posicionamientos políticos reconociendo el esfuerzo, mismo que después vendría a dar un vuelco al ser desechado por la máxima autoridad federal.
En su artículo 19, quater la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, cambiaba para decir: La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
Cómo identificar la violencia política
“Desde que no te escuchan, que emites tu opinión sobre algo y se ríen, no las invitan a las reuniones de sus partidos en las que se toman decisiones; no es lo mismo que te digan 'mira, para tu imagen pública puedes usar el color rojo porque resalta más tu cara, tu piel', a que te digan 'debes usar el color rojo aunque ni te quede', esa ya es una violencia disfrazada porque tenemos formas de hablar, de vestir que podemos potencializar y con ello las cualidades”.
En casos graves, la violencia política termina en agresiones verbales, físicas y hasta violencia feminicida por parte de personas que se sienten “agredidos” al quitarles una candidatura para dársela a una mujer.
“Están el que les digan 'tú no alegues tanto, no grites'. No les pagan el sueldo aunque sean síndicas o regidoras, les despiden a sus colaboradores, no las convocan a sesiones de cabildo; la violencia comienza desde los micromachismos”.
El Impepac
registró en 2018 dos denuncias, una se trata de la aspirante a la presidencia municipal de Jonacatepec y una más por parte de una aspirante que denunció haber sufrido agresión por parte de conductores de un programa radiofónico de Cuernavaca
Las mujeres, al carecer de menos recursos y tiempo para denunciar, comparado con los hombres, sólo 10 por ciento de ellas acuden a los tribunales
