El Consejo Coordinador Empresarial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos dieron a conocer su posicionamiento en contra de la Ley de Videovigilancia recientemente aprobada por el Congreso, por considerar que esta es violatoria de loa Derechos Humanos y de la privacidad de las personas, indicando que además del proceso de inconstitucionalidad promovido por la CNDH, cuatro organismos integrantes del CCE, interpusieron amparos ante la justicia federal contra esta ley.
En conferencia de presenta, el presidente de la CDHM, Israel Hernández Cruz, y los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, de la Cámara de Comercio de Cuernavaca, de la Cámara de la Industria de la Construcción, de la Asociación de Industriales de Morelos, de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, y de la Asociación Mexicana de Distribuidora de autos del estado-AMDA, Ángel Adame Jiménez, Antonio Sánchez Purón, Ignacio Domínguez, Harry Nielsen León y Sergio Aldana respectivamente dieron a conocer este jueves por la mañana su posicionamiento de total rechazo a esta nueva ley.
Sánchez Purón expuso este posicionamientos en seis puntos indicando el porqué la Iniciativa Privada rechaza esta ley, como es por su incongruencia porque en unas partes señala que los empresarios que cuenten con videocámaras en sus establecimientos se incorporan al nuevo ordenamiento de manera voluntaria y después en sus artículos transitorios señala que es obligatorio, además de que recalcó , es una ley que no fue consensuada con las cámaras empresariales como lo señala la Ley de Cámaras.
Otro de los señalamientos es que el proceso legislativo por el que se creó no fue legal porque fue impuesta, votada en una sola sesión y se acusa que atenta con las comunicaciones privadas, pues sin autorización expresa de la autoridad federal como lo impone la Constitución la autoridad estatal tendrá acceso a grabaciones de videos y conversaciones privadas; por igual se señala que impone adecuaciones a leyes y reglamentos municipales, por lo que se considera que invade jurisdicciones o competencias municipales y sumado a todo esto se aseguró que dicha ley impone alguna cargas y obligaciones que se consideran desmedidas e ilegales tales como proporcionar la base de batos de los trabajadores de una empresa o comercio a la Comisión Estatal de Seguridad, entre otros, sin que se tenga la certeza y la confianza de que quien y que manejo le darán a esta información.
A este respecto, el presidente de la CDHM, Israel Hernández destacó que se entiende que de lo que se trata es de hacer algo para atender la seguridad pública, pero destacó que lo que no se puede aceptar es que se creen leyes o normas violatorias de los hechos fundamentales, que se viole la privacidad porque con esta nueva ley la autoridad en este caso la Comisión Estatal de Seguridad podrá ordenar y pedir las grabaciones de conversaciones privadas que los clientes tengan en un restaurante por ejemplo.
Ante esta situación convocó a los empresarios y e invitó a los legisladores a participar en una mesa de trabajo para proponer las reformas y adecuaciones necesarias y legales a esa nueva ley sin tener que esperar a que ésta, entre en vigor en el mes de febrero, o a que haya una respuesta a su demanda de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los cuatro amparos promovidos por las cámaras empresariales, "no se trata de estar confrontados, sino de alcanzar acuerdos en aras de lograr que haya una seguridad pública, pero sin violaciones a los derechos humanos", recalcó.
Por otra parte los empresarios indicaron que si transcurre el tiempo y no tienen una respuesta favorable a sus demandas por parte de las autoridades federales y la citada ley entre en vigor entonces todos y cada uno de los afectados en lo individual estarían interponiendo amparos en cascada ante esta nueva ley, por las graves violaciones que se estarían cometiendo en agravio no sólo de los empresarios y de sus trabajadores, sino de todo aquel que invierta en una cámara de videovigilancia y de la ciudadanía en general al ver ultrajados sus derechos fundamentales y su privacidad.
