En Puente de Ixtla de las 54 pensiones doradas, hay 18 que registran serias irregularidades y siguen en proceso legal, reconoce la presidenta municipal, Claudia Mazarí Torres, quien reconoce que además el cabildo de la pasada administración aprobó 19 nuevas jubilaciones, que tendrán que pagar en cuanto salga la publicación.
La crisis financiera en la que se encuentra inmersa las arcas municipales en este municipio de la zona sur, sumado a la millonaria deuda, heredo el problema de 54 pensiones doradas
Y en ese tema de pensiones, se suman 19 nuevas pensiones más de ex trabajadores que fueron autorizadas y aprobadas por la administración pasada que presidio el alcalde Mario Ocampo y que por las restricciones de la pandemia que llevó al cierre de juzgados, no habían podido publicarse para empezar a pagar.
Mazarí Torres, sobre la herencia de las 54 pensiones doradas que se autorizaron en el periodo de Dulce Medina Quintanilla y que fueron aprobadas por la legislatura local del mismo periodo, en el periodo de su antecesor Mario Ocampo, recordó, se interpuso un procedimiento administrativo contra 18 de estas, por encontrar una serie de anomalías e inconsistencias, asunto que está en manos del jurídico dando seguimiento correspondiente.
Sin embargo embragó le va a tocar a su administración hacer frente a 19 pensiones que fueron aprobadas de acuerdo a un acta de cabildo de diciembre del 2021, al final del periodo de Mario Ocampo, donde aprueban derivado de un análisis previo, bajo la comisión de pensiones, son 19 pensiones entre trabajadores del Ayuntamiento y viudas que desde hace dos administraciones, no se les había aprobado la pensión.
Hizo énfasis en que en su momento fueron sometidas a revisión y falta que salgan publicadas en el periódico oficial “Tierra y Libertad” para que se les comience a pagar la pensión que por derecho les corresponde.
Por lo que sigue robusteciéndose la nómina del gobierno municipal de Puente de Ixtla a punto de otra parálisis, dado los laudo ejecutorios que siguen cayendo y de no atenderse amenazas con destituciones del cabildo como ocurrió en la pasada administración que trabajo pagando amparos ante la insolvencia e incluso pese a declararse en quiebra.
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