El proceso electoral 2020-2021 fue conocido no sólo por ser el más grande en la historia del país, sino también por incluir acciones afirmativas que permitieron a grupos considerados vulnerables participar en la contienda, pero con ello se presentó la usurpación de identidades de falsos indígenas e integrantes de la comunidad LGBT+, razón por la cual es necesario poner candados para evitarlo.
Al respecto, la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, Liliana Díaz de León Zapata, acentúo que si bien las acciones afirmativas llegaron para quedarse, cumpliendo su función de garantizar la oportunidad de que dichos grupos tengan acceso a las candidaturas y posteriormente, a los cargos de elección popular, tanto el Consejo General del INE como el Consejo Estatal Electoral del Impepac tendrán que revisar lo acontecido y poner los candados que sean necesarios.
“Las situaciones de falsos indígenas y falsos representantes de comunidades vulnerables se dieron a nivel nacional y será algo que las autoridades competentes tendrán que revisar, precisamente para tomar las medidas necesarias, que esto sirva como una experiencia para revisar el tema y que para el siguiente proceso electoral se pongan los candados. Siempre es así en materia electoral se presenta una situación y se analiza para que en el siguiente proceso se vaya corrigiendo poco a poco”, detalló.
Como se recordará, a inicios de este año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones para el proceso electoral federal 2020- 2021, con el objetivo de promover la participación de grupos históricamente discriminados.
El proyecto derivó de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que proponía una serie de cambios, entre los que destacó que los institutos políticos tendrían que impulsar la participación de personas de la diversidad sexual, con discapacidad, afromexicanas, e indígenas, tanto de mayoría como de representación proporcional, específicando cuántas fórmulas y cantidades tendrían que ser para estos sectores.
En esta misma tesitura, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) determinó que los partidos políticos, coaliaciones y candidatos independientes debían postular candidatos al Congreso local y a los ayuntamientos miembros de dichos grupos.
Lo anterior fue un gran avance teniendo como resultado que por primera ocasión en la historia del estado se cuenta con la primera mujer indígena con representación en el Congreso de Morelos y no sólo eso, según datos del Impepac la actual Legislatura cuenta con un 40 por ciento de participación de comunidades indígenas, mientras que en los ayuntamientos será del 35 por ciento.
Pero esto trajo consigo una simulación en las candidaturas, como ejemplo integrantes de la Comisión Temporal por los Usos y Costumbres del estado denunciaran que por la omisión del órgano electoral local y del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), siete diputados locales llegaron a la curul en espacios para personas indígenas aunque ellos no lo son, refiriéndose a Edi Margarita Soriano, Verónica Anrubio Kempis y Alejandro Martínez Bermúdez de Morena; Luz Dary Quevedo Maldonado y Julio César Solís Serrano de Movimiento Ciudadano; Julio César Vázquez Yáñez del PRI; y Francisco Erik Sánchez Zavala del PAN.
A nivel nacional pero representando a Morelos se tuvo su propio caso y tal vez fue uno de los más sonados, hablamos del exdiputado del PAN, Óscar Daniel Martínez Terrazas, buscaba la reelección como legislador plurinominal por Guerrero acreditándose como miembro de una comunidad indígena aunque estaba compitiendo a la par por el distrito I federal con cabecera en Cuernavaca sin algún tipo de acción afirmativa. Al final su triunfo fue tumbado por falsear la autoadscripción.
